Sumario:

I. Introducción. II. Tipología de personas desaparecidas en México: una propuesta inicial. III. Un contexto desfavorable para los familiares. IV. La entrevista forense: métodos enfocados a la investigación del delito en materia de desaparición de personas. V. Conclusiones. VI. Fuentes de consulta.

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I. Introducción

En México, el delito por desaparición representa una grave crisis de derechos humanos y una emergencia forense. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, para el año 2023 suman un total de 283 268 personas desaparecidas localizadas y no localizadas reportadas en todo el país, de las cuales el 39.13% continúan sin localizarse, mientras que del 60.87% restante, 12 283 fueron localizadas sin vida y 160 145 con vida (cnbp, 2023).

Derivado de estas cifras, el Gobierno mexicano ha implementado diversas iniciativas con el fin de disminuir el número tan elevado de casos, como mejorar el acceso a la justicia para evitar posibles violaciones a los derechos humanos. Un ejemplo de ello fue la creación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en 2017 (lgd, 2022), la cual establece mecanismos de búsqueda, investigación y sanción de delitos en esta materia. Por otro lado, en 2019 se crearon instituciones especializadas entre las que se encuentra la Comisión Nacional de Búsqueda (cnb).

Antes de abordar los métodos que se sugieren para la elaboración de la entrevista forense, es necesario ampliar el panorama del lector con dos temas de valor; el primero de ellos es la tipología de personas desaparecidas, el cual tiene el propósito de conocer las posibles situaciones que motivaron la desaparición de la persona, el planteamiento de hipótesis y estimar el nivel de riesgo. El segundo, habla sobre el contexto desfavorable que experimentan los familiares, identificando los factores que afectan a las personas cuando se presentan a denunciar.

A partir de estas dos consideraciones, se busca plantear la necesidad de establecer adecuaciones en la entrevista forense que permitan la recolección de datos de la víctima en el menor tiempo posible, considerando el apego a los derechos humanos.

II. Tipología de personas desaparecidas en México: una propuesta inicial

En México, los estudios respecto a este fenómeno se han enfocado principalmente en la desaparición forzada, para posteriormente estudiarse desde la desaparición cometida por particulares, la cual se relaciona con el incremento de la violencia ocasionada por organizaciones del crimen organizado y el narcotráfico. El estudio de este fenómeno está estrechamente ligado con la historia política del país, la cual refleja en sus diferentes etapas un grave problema de crisis social e inseguridad. Estas investigaciones realizadas van de los hechos a la reflexión, por lo que se podrán encontrar trabajos elaborados en un espacio académico y otros que han implicado la inmersión en el contexto, ambas para complementarse. Sin embargo, para tener un mayor panorama de estos estudios, vale la pena definir la desaparición de personas desde sus diversas tipologías.

De acuerdo con el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (2023), una persona no localizada se define como: “aquella mayor de edad cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad y el análisis de contexto, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito” (p.13). Por su parte, una persona desaparecida es: “aquella cuyo paradero se desconoce y se presume, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito en su contra” (p. 13). Finalmente, de manera complementaria, una persona extraviada es la que: “sea incapaz temporal o definitivamente de restablecer, por sus propios medios, contacto con su familia. Esto incluye a personas desorientadas, con enfermedades, discapacidades o condiciones que les impidan recordar dónde viven, quiénes son o cómo comunicarse con sus familias” (p. 13).

Correspondiente a una persona no localizada se agrega que: “Pasadas 72 horas desde el último momento en que se tuvo contacto con la persona buscada […], siempre se presumirá la comisión de un delito, por lo que ya no puede ser considerada persona no localizada, sino desaparecida” (Secretaría de Gobernación, 2023, p.13). Aunque no se especifica en la lgd, de los conceptos anteriores se puede entender que una persona menor de edad deberá ser considerada como desaparecida indistintamente al tiempo transcurrido de los hechos. En esta clasificación general de desapariciones (única en México), se deberá actuar durante las acciones de búsqueda y localización bajo la presunción de vida de la persona desaparecida o no localizada.

Esta clasificación que establece la lgd es concisa y está abierta al análisis de contexto con la finalidad de garantizar el derecho a que la persona desaparecida sea buscada, indistintamente al motivo que generó esa situación. También, si revisamos cómo se define este problema desde otra perspectiva, por ejemplo desde el contexto europeo, encontramos diferentes propuestas respecto a cómo clasificar los tipos de desapariciones, entre ellas está la de López Veiga (2022), quien a partir de la revisión de diferentes fuentes provenientes de asociaciones especializadas, establece que las desapariciones se pueden clasificar en: a) desapariciones voluntarias, b) desapariciones forzadas, c) desapariciones involuntarias, y d) desapariciones accidentales no voluntarias. Esta clasificación explica, en su mayoría, los diferentes casos de desapariciones en los que podría concluir la investigación especializada en búsqueda y localización de personas.

Otro autor que hace un estudio de esta tipología es González Berdejo (2019), investigador español con experiencia en búsqueda y localización de personas desaparecidas, quien propone una clasificación a partir del análisis de la información y el trabajo de campo, estableciendo tres categorías: a) desapariciones voluntarias, b) desapariciones involuntarias, y c) desapariciones sin causa aparente.

De esta clasificación, las involuntarias las divide en: a) desapariciones involuntarias de tipo accidental, y b) desapariciones involuntarias forzadas. Respecto a la categoría de desapariciones sin causa aparente, el autor refiere que estas no son clasificables por no encontrar indicios para suponer una desaparición accidental o criminal.

Tomando parte de las tipologías planteadas por González Berdejo (2019) y López Veiga (2022), y de la propia lgd, se ha propuesto una clasificación más amplia de este fenómeno con la finalidad de explorar todas las posibilidades que nos permitan, desde el trabajo del investigador, teorizar probables causas, explorando elementos sociales, políticos, familiares, biológicos y psicológicos en torno de la víctima:

A. Desaparición involuntaria:

1. Forzadas: son aquellas cometidas por un servidor público quien, a su vez, niega y dificulta toda información sobre el paradero de la persona que fue privada ilegalmente de su libertad (lgd, 2022). Un ejemplo de ello es la detención ilegal en la que se acusa a una persona de un delito que no cometió. En este tipo existen mecanismos de represión política cometidos por agentes del Gobierno y las Fuerzas Armadas, así como particulares que tienen el apoyo y consentimiento del Estado.
2. Cometida por particulares: en esta categoría entran aquellas desapariciones ejecutadas por un particular sin que tenga apoyo o consentimiento del Estado (lgd, 2022). Se caracteriza por una gran diversidad de perpetradores y modalidades que son llevadas a cabo principalmente por la delincuencia organizada. Adicionalmente, se debe explorar en el contexto la presencia de conductas antisociales, desde el consumo de sustancias (compraventa), antecedentes de detenciones, desempleo, familia desintegrada, problemas familiares por herencia o propiedades, la zona criminógena, violencia de género, migración, conflictos con personas colindantes a su domicilio, empleados o familiares (esto incluye riñas), que la persona o alguno de sus familiares hayan sido amenazados.
3. Accidentales: se refiere a personas que han sufrido un accidente de tipo vehicular o laboral, y que podrían localizarse en algún hospital; en casos de muerte, en algún Servicio Médico Forense (semefo), con la probabilidad de encontrarse en calidad de desconocidos. Es importante considerar que la presencia de bebidas embriagantes o el uso de sustancias ilegales incrementa el nivel de riesgo de sufrir un accidente. En este apartado se incluyen desastres naturales, personas migrantes que hacen uso de medios de transporte en malas condiciones y situaciones adversas, peregrinos que puedan sufrir algún percance o lesión, así como la práctica de deportes como el montañismo y la náutica.
4. Por sustracción de menores: este ocurre principalmente en un contexto familiar de separación parental o divorcio, que afecta a niños, niñas y adolescentes, en el que la madre o el padre, así como cualquier otra persona que no ejerza la patria potestad o custodia, oculte e impida al otro progenitor convivir con el menor. Es importante considerar y explorar situaciones de violencia familiar y de género que hayan motivado a abandonar su hogar para eludir al agresor.

B. Desaparición voluntaria:

1. De adultos: se trata de personas que cumplen la mayoría de edad con capacidad psicológica plena de desear ser encontradas; esto puede ser motivado por situaciones familiares que no incluyan violencia, discusiones y la búsqueda de la independencia. En este tipo se incluyen las personas que han decidido vivir de manera voluntaria en situación de calle, dependencia al alcohol o adicción; personas que eluden su responsabilidad de manutención, y personas en fuga para evadir la justicia por contar con alguna orden de aprehensión o haber participado en la comisión de algún delito.
2. De adolescentes: menores entre 12 años cumplidos y menos de 18, que abandonan su hogar por diversas situaciones que pueden ser de tipo familiar, como una discusión, la desintegración familiar, la ausencia de alguno de los progenitores, la separación parental, un acto por querer marcar su independencia, los estilos educativos negligentes o autoritarios y el noviazgo, el cual podría tratarse de chantaje sentimental por parte de varones que tienen la mayoría de edad. También se incluye a los menores que se fugan de fundaciones, albergues o casas hogar, que han llegado a esos lugares por no contar con redes de apoyo, sufrir violencia o ser migrantes. No se excluye que durante su desaparición, la persona adolescente se encuentre vulnerable o susceptible a ser víctima de delito o situaciones de riesgo que no perciba como un peligro por las características inherentes a la etapa de desarrollo, como la sexualidad, el noviazgo, los conflictos con los padres, el egocentrismo y la inmadurez en algunas zonas del cerebro que autorregulan la conducta en la toma de decisiones e impulsividad (Güemes-Hidalgo, Ceñal e Hidalgo, 2017; Oliva Delgado, 2007; Santrock, 2007).

C. Desaparición por desorientación/extravío, estado de ánimo o enfermedad:

1. Personas adultas mayores: personas de la tercera edad, a partir de los 60 y hasta los 65 años, que cuenten con algún diagnóstico que incluya el deterioro cognitivo como pérdida de memoria a corto o largo plazo, que no identifiquen a sus familiares, no recuerden su nombre y existan extravíos previos. Se debe considerar que, a pesar de no contar con un diagnóstico formal, los familiares observen la sintomatología del deterioro cognitivo, considerando que la persona no se encuentra ubicada en tiempo y espacio. En algunos casos la familia podrá observar que la persona de la tercera edad mantenía una rutina normal, sin ausencias anteriores, pero con la presencia de algunos indicadores del deterioro cognitivo. También se incluyen a personas de la tercera edad con un estado de salud delicado, con factores de riesgo como el consumo de tabaco, diabetes, colesterol elevado, sobrepeso, hipertensión arterial y sedentarismo, que puedan favorecer la aparición de un infarto de miocardio; personas con debilidad visual, pérdida en la capacidad para oír y discapacidad motriz.
2. Personas con algún trastorno específico o comorbilidad: esta categoría considera a personas adultas con diagnóstico psiquiátrico como podría ser algún trastorno psicótico, en el que la sintomatología (delirios-alucinaciones) pueda ser observada por los familiares a través del comportamiento de la persona, como la pérdida de contacto con la realidad, y que los síntomas se maximicen por la falta de consumo de medicamentos antipsicóticos. Se considera la comorbilidad por el posible diagnóstico psiquiátrico de dos o más trastornos. En este apartado se incluyen trastornos del ánimo, como bipolaridad y depresión, y trastornos del neurodesarrollo en personas adultas o menores de 18 años, como la discapacidad intelectual, trastornos del lenguaje, de la comunicación social, del espectro autista y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (apa, 2013).
3. Personas con conductas suicidas: en este tipo se encuentran las personas con intención de quitarse la vida, esto puede estar motivado por pérdidas recientes (duelo), problemas familiares y falta de redes de apoyo. Se debe explorar si existen intentos previos de suicidio, diagnóstico por trastorno depresivo o bipolaridad y que la familia haya observado que su familiar se encuentre deprimido la mayor parte del día, pierda peso o interés por actividades cotidianas, insomnio o hipersomnia, culpabilidad, falta de concentración, pensamientos de muerte e indicio de carta o nota suicida hecha por la persona que se reporta como desaparecida (apa, 2013).

D. Desaparición sin causa aparente:

Se considerará este tipo cuando no se cuente con información suficiente para poder clasificar la desaparición en alguna de las categorías anteriores, pero que a través de las entrevistas posteriores y la identificación de indicios se pueda conocer la motivación que la originó. El uso de esta clasificación podría evidenciar la falta de un método de investigación (González Berdejo, 2019)

La propuesta que se presenta sobre la clasificación de desaparición de personas en México pretende dar un panorama general que describa aquellas situaciones que motivaron la desaparición de la persona. Esta le ofrece al investigador una orientación para el planteamiento de sus hipótesis, de acuerdo con los datos obtenidos de las entrevistas que se realicen y así estimar el nivel de riesgo según sea el caso. Es importante mencionar que los familiares que realizan el reporte de desaparición desconocen el paradero de la persona, por lo que se deben garantizar sus derechos humanos mediante una atención adecuada y acciones de búsqueda para la localización de esta.

Para ampliar y modificar esta clasificación es indispensable analizar los datos que el investigador obtenga de sus casos mediante un método inductivo o deductivo. Esto incluye la recopilación de información contextual, el análisis de patrones y la colaboración con otros especialistas: agentes de investigación criminal, peritos, ministerios públicos, así como antropólogos y psicólogos especializados en trauma.

La policía y los investigadores son los encargados de recopilar la información inicial, entrevistar a testigos y recabar evidencias cruciales. Su labor proporciona los primeros indicios y líneas de investigación que pueden ayudar a determinar las circunstancias de la desaparición.

La responsabilidad de estos profesionales corresponde a aportar pruebas y análisis científicos sólidos, por ello se requiere una coordinación estrecha con la policía, los antropólogos forenses, los odontólogos forenses, psicólogos y otros expertos. Asimismo, se debe actuar con empatía y respeto hacia las víctimas y sus seres queridos, comprendiendo el impacto emocional y psicológico que la desaparición de un ser querido genera en las familias, y ofrecer un acompañamiento en cada etapa del proceso.

III. Un contexto desfavorable para los familiares

Frente a un caso de desaparición, quienes proporcionan la información de primera fuente son los familiares que inician la denuncia por este delito, en otros casos, podrían ser amigos, la pareja de la víctima (en caso de tenerla) y miembros de instituciones que resguardan a personas pertenecientes a grupos vulnerables.

El afrontamiento de los familiares será distinto, pues se podrá observar, en ciertas ocasiones, que el proceso de las personas es adaptativo ante la situación por la que están atravesando, percibiendo que, quien realiza la denuncia se muestra y mantiene estable (Lazarus y Folkman, 1986). Esto en la mayoría de los casos ocurre porque la persona que realiza el reporte en la institución correspondiente puede ser previamente seleccionada por sus familiares para hacer la denuncia, pues cuenta con mayores recursos psicológicos para afrontar el contexto y por ser quien puede brindar contención emocional a sus familiares. Las circunstancias de la desaparición pueden determinar un estado emocional estable en el denunciante, esto se podrá observar en casos en los que se tengan indicios de una desaparición voluntaria.

Por otro lado, antes de que los familiares se presenten a denunciar pueden experimentar un estado de crisis que Caplan (1964) describe como un proceso en el que hay una evaluación de tensión por la desaparición. En respuesta a ello, recurrirán a posibles soluciones que, ante la falta de éxito, incrementarán la tensión. Es el caso de familiares que se presentan a realizar el reporte de desaparición con un estado de tensión de moderado a grave, presentando crisis emocionales por el impacto del suceso, que de manera inicial se ubica como una etapa de desorden en la que se observan llantos, lamentos, angustia, gritos, sentimientos de culpa, enojo y dificultad en atención y concentración (Slaikeu, 1996).

El tiempo de localización de la persona desaparecida puede variar significativamente, desde unas cuantas horas y hasta meses, años o décadas desde que se hace el reporte. La localización se puede dar en diferentes circunstancias, como una ausencia voluntaria, por un accidente o que se relacione con algún delito. Casos en los que la desaparición lleva un largo período de tiempo y puede afectar los mecanismos de adaptación de los familiares.

Esta situación que perciben los familiares como desfavorable resulta desgastante en un nivel físico y emocional, lo que los hace vulnerables por el suceso traumático. Como respuesta al estrés que ocasiona este contexto, Selye (1977) explica que las personas atraviesan por el Síndrome de Adaptación General (sag), que se puede observar en tres fases diferentes a partir del evento traumático:

1. Fase de alerta: cuando la persona se da cuenta que existe en el ambiente inmediato un estímulo amenazante y entonces reacciona con estado de alerta. En este caso la desaparición de su familiar y las primeras acciones inmediatas para su búsqueda.
2. Fase de resistencia: cuando la persona tolera la situación amenazante o el riesgo en el que se encuentre su familiar. Se puede tener la sensación de adaptación, sin embargo, el organismo experimenta un periodo de desgaste denominado “resistencia”, que abarca un periodo de seis meses o más.
3. Fase de agotamiento: después de los seis meses a la situación estresante por la desaparición de su familiar, el organismo se encuentra desgastado y en cualquier momento enfrentará lo que se denomina “rompimiento de la personalidad”, es decir, desarrollará signos y síntomas asociados a una psicopatología o enfermedad física (Santamaria et al., 2021).

Las personas que llevan años en la búsqueda de su familiar se consideran como víctimas crónicas, que viven con tristeza y esperanza por localizar a su ser querido (López Veiga, 2022); esto les impide llevar su vida con normalidad, debido a la incertidumbre y el dolor de no saber qué le sucedió a su familiar, complicando el proceso de duelo en sus diferentes etapas (Meza-Dávalos et al., 2008). Se podrá observar, desde la experiencia psicoterapéutica, que la desaparición de su familiar ocurrió por una forma de violencia que no permite el proceso de cierre psicológico, a diferencia de un proceso de duelo según el tipo de muerte: natural, accidente, suicidio y homicidio (escala nash) y que, de acuerdo con la clasificación se puede considerar la dificultad para la elaboración del duelo (Acinas, 2012).

En este sentido la incertidumbre y la esperanza no permiten iniciar un proceso de duelo, incluso años después de la desaparición, los familiares estarán en una fase de estrés entre la resistencia y el agotamiento con el objetivo de localizar a su familiar, considerando las peores circunstancias, los riesgos y la posible localización sin vida que, en su caso, permitirá el cierre por un proceso psicológico complicado.

IV. La entrevista forense: métodos enfocados a la investigación del delito en materia de desaparición de personas

La entrevista forense es una herramienta que es utilizada en la investigación de delitos y que posteriormente servirá como evidencia en procedimientos penales. Esta es realizada en un espacio idóneo, principalmente a víctimas y testigos, que tiene como propósito conocer los hechos, las conductas y la valoración del daño psicológico (Bautista Boche, Corredor Jiménez y Alarcón Hernández, 2017; Martínez Rudas et al., 2023). La entrevista será utilizada como una técnica investigativa con el objetivo de obtener información que permita orientar a las personas investigadoras a plantear hipótesis y tomar decisiones en las primeras acciones de búsqueda.

Cuando la entrevista es realizada de manera adecuada, facilitará la obtención de información confiable que podrá servir como evidencia en los procedimientos legales o para robustecer la carpeta de investigación. Dependerá de la persona entrevistadora que su realización sea lo más precisa posible (Martínez Rudas et al., 2023). En estos casos, la entrevista forense debe ser semiestructurada, ya que permite a la persona entrevistada tener la libertad de expresarse en un camino que es guiado por el entrevistador mediante una serie de preguntas, las cuales se basan en la estructura general de las siete preguntas de la criminalística (¿Qué? ¿Quién o quiénes? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Por qué?), y que se profundice a través de categorías específicas que exploren áreas de la persona que se encuentra desaparecida (Nuñez Rodríguez, 2017).

Durante la entrevista, realizada por investigadores forenses y policías, se utilizará un enfoque diferencial e interseccional, considerando la atención a grupos vulnerables, aplicando un enfoque con perspectiva de género (Cortés Miguel, 2020), ajustes razonables (Finsterbusch Romero, 2016), con perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes (cndh, 2022), brindando un enfoque de derechos humanos en la atención a personas migrantes (oim, 2019), con atención a población indígena (cndh, 2018a), efectuando un enfoque etario (cndh, 2018b) y realizando una intervención adecuada para garantizar una atención incluyente a personas que involucren la orientación sexual o la identidad de género, para garantizar los derechos de personas lgbtttiqa+ (López Castañeda, 2018).

A. La entrevista cognitiva

Este tipo de entrevista es una herramienta del ámbito judicial o policial que se utiliza para mejorar el recuerdo de los familiares o víctimas indirectas que reportan a una persona desaparecida. El objetivo de esta entrevista se ha centrado en un enfoque cognitivo, utilizando técnicas con evidencia científica que permitan una mayor recuperación de memoria (Martínez Rudas et al., 2023; Novo, Velasco y Arce, 2014).

Gran parte de las investigaciones policiales se realizan con una entrevista estándar en la que se pueden cometer diversos errores que ocasionen en los testigos la sugestión o que estén orientadas a las hipótesis del investigador, las cuales pueden sesgar y descartar información valiosa que posee el testigo o víctima. Se han encontrado dificultades que se presentan en la entrevista estándar, como frecuentes interrupciones, el uso excesivo de preguntas cerradas o tecnicismos, la falta de orden en su elaboración y una marcada distancia del investigador hacia la víctima por la falta de empatía, y en consecuencia, dar un trato con victimización secundaria (Novo et al., 2014).

Volviendo a la entrevista cognitiva, esta fue desarrollada principalmente por Geiselman, Fisher, Firstenberg, Hutton, Sullivan, Avetissian y Prosk (1984) y ha demostrado, a través de su estructura, que es posible incrementar la cantidad de información correcta proporcionada por la persona entrevistada. Este tipo de entrevista ha sido estudiada para comprobar su eficacia, iniciando su desarrollo en una entrevista cognitiva (ec) y posteriormente en un nuevo modelo denominado entrevista cognitiva revisada (ecr).

En estas dos primeras versiones se incluyen al menos cuatro técnicas cognitivas de recuperación de memoria:

1. Reinstauración mental del contexto: en esta técnica se le indica a la persona que intente recrear las situaciones valiéndose de sus percepciones, recordando olores, sonidos, espacios, sensaciones y emociones.
2. Narrar todo lo recordado (recuerdo libre): se le pide a la persona que realice un recuerdo libre sin que sea interrumpido.
3. Recuerdo en órdenes temporales diferentes: se le solicita a la persona que recuerde y relate los hechos en una secuencia diferente, por ejemplo, desde el final, al principio o a partir de la mitad.
4. Cambio de perspectiva: el entrevistador solicita a su interlocutor que cambie de rol, es decir, que imagine que ha experimentado los hechos desde diferentes perspectivas, como si fuera otra persona que presenció los hechos (Martínez Rudas et al. 2023; Novo et al., 2014; Ibáñez Peinado, 2008).

Dentro de la ecr se sugiere, además, que se realicen preguntas específicas después de la técnica de recuerdo libre, con la finalidad de conocer hechos no informados. Se deben realizar preguntas abiertas y evitar las cerradas, y al concluir se elabora un resumen de lo dicho por el entrevistado. La crítica principal de estas dos versiones es el tiempo que se requiere para su aplicación, ya que en situaciones en las que se investiga un delito por desaparición no siempre se cuenta con el tiempo necesario para llevarlas a cabo de tal manera (Martínez Rudas et al. 2023; Novo et al. 2014; Ibáñez Peinado, 2008).

En nuestro país, según sea la entidad federativa, el delito de desaparición de personas puede variar con relación al número de casos y al contexto que gire en torno a estos. La carga de trabajo, más la cantidad de investigadores con los que se disponga en el momento son factores que pueden afectar significativamente las acciones de búsqueda, principalmente cuando se identifica que existe un alto riesgo para la víctima. En cualquier tipo de desaparición, las primeras 24 y hasta las 72 horas son vitales, por lo que es indispensable economizar en tiempo y mejorar las técnicas de recolección de información durante la entrevista a los familiares o denunciantes de desaparición.

Por tal motivo, se recomienda utilizar el último cambio realizado a la entrevista cognitiva modificada (ecm), el cual reduce significativamente el tiempo para su aplicación, pues prescinde de dos técnicas de recuperación de memoria: el recuerdo en órdenes temporales diferentes y el cambio de perspectiva, sustituyéndolas por otra técnica que consiste en solicitar al entrevistado que narre en tres intentos todo lo recordado, es decir, aplicar la técnica de recuerdo libre dos veces más (Davis, McMahon y Greenwood, 2005).

B. La autopsia psicológica y el método 4C en la búsqueda de personas desaparecidas

De manera complementaria se recomienda establecer un método para el análisis de este tipo de delito, que debe de abordarse desde aspectos criminológicos y victimológicos. De igual forma, es necesario incluir categorías a analizar como el género, edad, educación, condición social y contexto familiar (Ortiz Elisondo, 2023).

En la tesis elaborada en España por López Veiga (2022), se sugiere la aplicación de la autopsia psicológica para determinar perfiles de personas desaparecidas. Originalmente, este método analiza casos donde la muerte tiene un origen incierto o dudoso, siendo que, a partir de esta, se buscan esclarecer los hechos y encontrar su causa. Adicionalmente, García Pérez (2007) estandarizó en Cuba la recolección de información por medio de entrevistas dirigidas para emitir un dictamen pericial en víctimas por muertes dudosas, como puede ser: suicidio, homicidio o accidente. Esta herramienta de recolección de datos da un valor predictivo fundamental, permitiendo establecer un perfil de riesgo (Ceballos-Espinoza, 2015).

Por otra parte, es imprescindible analizar la historia psicológica, las interacciones y modos de vida de la persona desaparecida, ya que serán de utilidad al momento de construir la huella psicológica de la víctima, y con esto generar un perfil psicológico que incluya el modus vivendi y los cambios recientes en su vida, sus emociones y en sus relaciones interpersonales, para poder obtener con ello información sobre la probable motivación de la desaparición o conocer el paradero de la persona (Garrido, 2012; López, 2022).

La elaboración del método sugerido por López Veiga (2022) también hace uso de la técnica de los cuatro círculos (4c), desarrollado por González Berdejo (2019), quien basa sus técnicas en la autopsia psicológica y el análisis victimológico, recolectando información estructurada de diferentes áreas, como:

1. vida virtual,
2. estudio documental,
3. entorno cercano no familiar, y
4. entorno familiar.

Al explorar esas áreas se conoce a la persona desaparecida permitiendo delimitar el campo de investigación.

Estos métodos orientan las investigaciones y recolectan datos que posteriormente pueden ser analizados para obtener perfiles de los distintos tipos de desapariciones (López, 2022). Particularmente, el método 4c reúne información a partir de categorías bien ordenadas para conocer qué ha ocurrido con la persona en el transcurso de su desaparición, explorando actividades rutinarias que incluyen la elaboración de un informe victimológico que nos oriente a lo que posiblemente provocó la desaparición, así como para mejorar las habilidades investigativas.

C. El análisis de contexto en la desaparición de personas

Esta herramienta de investigación ha sido usada en diversas áreas de las ciencias sociales, y recientemente en México ha sido utilizada específicamente en casos de violación de derechos humanos, en la desaparición forzada de personas o cometida por particulares. Esta herramienta consiste en analizar el contexto a través de ejes geográficos, políticos, económicos, históricos, sociales y culturales por medio de noticias, datos oficiales y no oficiales, bases de datos, análisis de estadísticas, análisis de expedientes, creación de perfiles y caracterización de organización criminal, con la finalidad de comprender los hechos, conductas y discursos e identificar sus causas y circunstancias que propician la desaparición de personas (Ansolabehere et al., 2017; Chica Rinckoar, 2019; Rincón-Morena, 2020; Comisión de Búsqueda de Personas, 2021; lgd, 2022).

Conforme al Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (2023), esta herramienta nos permite “identificar patrones en la desaparición y no localización de personas, sus causas y las circunstancias que las propician […] para producir hipótesis de localización y estrategias que orienten acciones de búsqueda” (p.13). Asimismo, es esencial su uso para identificar patrones en la violación de derechos humanos en la desaparición de personas, orientando las acciones para la localización y estrategias de búsqueda. Por tal motivo, su metodología debe apoyarse de diferentes disciplinas, como es el caso del área de psicología, contribuyendo al análisis de datos y la creación de perfiles.

D. Una propuesta desde la práctica y la reflexión

Existe una propuesta para la aplicación de la entrevista a familiares que reportan a una persona desaparecida en México. Esta entrevista fue elaborada por Ortega y Mejía (2019) desde una perspectiva de la antropología forense, la cual brinda un conjunto de categorías para la búsqueda e identificación de cadáveres. Su enfoque está relacionado con los cuestionarios ante mortem (am), que se utilizan para la identificación de personas fallecidas.

La información que se reúne servirá para realizar la búsqueda post mortem (pm) en bases de datos nacionales. Sin embargo, es importante considerar que la lgd (2022) señala que se debe de iniciar la investigación bajo la presunción de vida de la persona desaparecida o no localizada.

Por otra parte, los protocolos para la búsqueda de personas desaparecidas, así como los cuestionarios am, especifican el empleo de una sola entrevista a los denunciantes, en la cual deberán estar presentes los diversos investigadores que sean requeridos para recabar los datos que permitan la búsqueda: peritos, agentes de investigación criminal, ministerios públicos, antropólogos forenses y psicólogos (Secretaría de Gobernación, 2023). El motivo de realizar una sola entrevista se centra en evitar la revictimización, la repetición de la información por parte de los familiares y la economía en el tiempo, empero, existen diversos obstáculos en las instituciones, como la falta de personal especializado, espacios inadecuados y la carga de trabajo.

Se ha sugerido en los protocolos emplear el cuestionario am de manera inicial, el cual puede variar en su estructura y categorías de análisis por entidad federativa. El tiempo de aplicación puede variar por las particularidades de cada caso, estimando un mínimo de tiempo de hora y media. No obstante, sin restar valor a los cuestionarios am, desde la práctica y reflexión se recomienda considerar los métodos y tipos de desapariciones que en este trabajo se exponen, con la justificación de que todos los casos requieren un enfoque diferente, según sea el contexto.

La propuesta que aquí se expone es complementaria a la realizada por Ortega Palma y Mejía Jiménez (2019). En este trabajo se plantea que la entrevista se divida en al menos cuatro etapas de manera inicial:

• datos generales,
• recuperación de memoria de los hechos (ecm),
• perfil de la persona desaparecida en retrospectiva (autopsia, método 4c y análisis de contexto), y
• etapa complementaria, desde un enfoque ante mortem-post mortem, que servirá para obtener un perfil biológico.

Al iniciar la entrevista, el investigador debe informar a los familiares que realizan la denuncia sobre el tiempo de duración del trámite, informando que todos los datos que estos proporcionen serán tratados de forma confidencial. Se deben recabar datos generales de la persona entrevistada, como el parentesco que tienen con la persona que reportan como desaparecida (Mejía Jiménez y Ortega Palma, 2018; Ortega Palma y Mejía Jiménez, 2019), el medio en el que se traslada el familiar, su edad, estado de salud actual y redes de apoyo más cercanas.

De inicio a fin de la entrevista se brindará un trato cordial evitando cualquier tipo de prejuicio que pueda ocasionar revictimización a los familiares, se procurará generar un ambiente de confianza que garantice calidad en el rapport, se evitará dar por concluida la entrevista cuando personas presenten una crisis emocional, así como evitar emplear conceptos complicados o lenguaje muy técnico para las víctimas (Mejía y Ortega, 2018; Ortega y Mejía, 2019). En el caso de que otros familiares, amigos o personas conocidas puedan proporcionar más información, pero no se encuentren en el lugar, el investigador debe establecer comunicación con ellos de manera inmediata a través de una llamada telefónica y, en situaciones en las que los familiares hayan elaborado una ficha propia de búsqueda publicada y compartida en redes sociales, se sugerirá que se elimine cuando contenga datos personales, con la finalidad de evitar que sean extorsionados.

Con base en lo anterior, se describe de manera general el orden de las categorías propuestas en este trabajo para realizar la entrevista:

1. Datos generales:

1. Identificación de la persona investigadora.
2. Datos de la persona entrevistada: parentesco con la persona desaparecida, relación (distante, cercana o muy cercana), escolaridad concluida y estado civil.
3. Datos de la persona desaparecida: sexo, género, edad (fecha de nacimiento), estatura, complexión, nacionalidad, estado civil, ocupación, escolaridad concluida, creencias religiosas, datos geográficos (lugar de residencia y de la desaparición) y fecha de la desaparición.

2. Recuperación de memoria mediante la ecm: se solicita a la persona entrevistada que relate de manera libre los hechos sin que se le interrumpa. Cuando la persona que entrevista observa dificultades en el recuerdo, pedirá al entrevistado que narre los hechos de manera libre al menos una vez más. Asimismo, se le solicita a la persona entrevistada que intente recrear el contexto a través de la percepción, recordando olores, sonidos, espacios, sensaciones y emociones (Davis, McMahon y Greenwood, 2005).

3. Perfil de la persona desaparecida en retrospectiva: una vez que el entrevistado narró los hechos de manera libre, se le realizan preguntas abiertas para completar el contexto conforme a las categorías que se sugieren. En este apartado se retoman los aportes realizados por González Berdejo (2019) y López Veiga (2022) con el método 4c, la autopsia psicológica por García Pérez (2007), la propuesta para la búsqueda e identificación por Ortega y Mejía (2019), y la experiencia en investigación criminal:

1. Estudio documental modus vivendi: salud mental, física y antecedentes familiares de enfermedades mentales o padecimientos, uso de medicamentos, hábitos tóxicos (tabaco, bebidas alcohólicas o drogas ilegales), últimos empleos, herencias, deudas, movimientos bancarios, nivel adquisitivo, formación académica, antecedentes penales, detenciones o situaciones en la que haya sido víctima de delito, ausencias anteriores, intentos de suicidio, divorcio o separaciones, rutina diaria, hábitos de sueño, alimentación y deporte.
2. Entorno familiar: relación con familiares y modo de vida, tipo de familia, conflictos familiares, antecedentes de violencia, herencias, pérdidas familiares, divorcio y creencias religiosas.
3. Entorno no familiar: amistades recientes y antiguas, entorno laboral o escolar, relación con colegas del trabajo o escuela, noviazgo, estado conyugal, antecedentes de amenazas, bullying, lugares que frecuenta como parques, bares y tiendas departamentales.
4. Vida virtual: se explora si la persona desaparecida lleva consigo teléfono celular, la frecuencia con la que se comunica utilizando ese medio, uso de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter o LinkedIn. De acuerdo con el caso, se investiga sobre los equipos personales como celular, laptop o tabletas, el tipo de búsquedas en Internet, correos electrónicos y juegos online.
5. Percepción de los familiares: aspectos psicológicos de la persona desaparecida (tímido, agresivo, ingenuo, sociable, ansioso, etcétera), cambios de comportamiento, desinterés por actividades cotidianas y percepción de los motivos de la desaparición.

4. Categoría complementaria desde un enfoque ante mortem-post mortem: servirá para obtener un perfil biológico mediante la media filiación, rasgos fisonómicos, sexo, edad, estatura, peso, antecedentes médicos, peculiaridades de la cavidad bucal, documentos para confronta, y señas particulares como tatuajes, ropa, lunares y cicatrices (Mejía y Ortega, 2018).

V. Conclusiones

La entrevista forense estándar a familiares de personas desaparecidas se puede especializar haciendo uso de las técnicas de recuperación de memoria de la entrevista cognitiva, del método de la autopsia psicológica, el método de los cuatro círculos y el análisis de contexto. Con estas herramientas, y considerando las diversas causas de desaparición, se mejora la entrevista en la calidad de exploración de los hechos, se establecen líneas de investigación y planteamiento de la hipótesis.

Asimismo, la propuesta que se sugiere en este trabajo brinda un conjunto de categorías de análisis de manera general, por lo que la persona entrevistadora debe realizar los ajustes pertinentes y el uso de un enfoque diferencial cuando la persona reportada como desaparecida pertenezca a grupos vulnerables. Esto no solo mejorará la calidad de la entrevista, sino que también permitirá documentar la violación de derechos humanos en la desaparición de personas y realizar la perfilación inductiva o deductiva de las víctimas mediante el análisis de la información.

Esencialmente, se ha establecido a nivel nacional que en cualquier tipo de delito se realice de manera taxativa una entrevista en la que estén reunidas las personas investigadoras y que no se elaboren entrevistas subsecuentes con la finalidad de evitar la revictimización (revivir el sufrimiento). En el delito de desaparición de personas, quienes realizan la denuncia son familiares que cuentan con la mayoría de edad, y son diversos los factores que dificultan realizar una sola entrevista; sin embargo, a partir de la experiencia en la investigación en delitos en tiempo real, se puede observar que realizar más de una entrevista a la persona denunciante brinda mayores datos que complementan las líneas de investigación e hipótesis.

Lo anterior, no pretende ser una justificación que contradiga lo ya establecido en los protocolos, sino fortalecer los métodos desde una visión práctica, que ya ha sido estudiada científicamente (como es el caso de la entrevista cognitiva). Para esto, es indispensable que se cuente con psicólogos especializados, de no ser así, las personas investigadoras deben de contar con capacitación suficiente sobre los primeros auxilios psicológicos.

Las personas investigadoras pueden enfrentar dificultades durante la entrevista, por ello es fundamental garantizar a los denunciantes la confidencialidad de la información que se va a recabar, generando un ambiente de confianza y evitando prejuicios por parte de los investigadores.

Es importante considerar que la información proporcionada por los familiares inicia con la elaboración de un juicio de los hechos y sobre la percepción que tienen sobre su familiar desaparecido, por lo que se podrá observar que, en diversos casos, los familiares pueden sentirse con temor de ser juzgadas cuando su familiar haya participado en un contexto criminógeno, con una ocupación relacionada con el narcotráfico o una desaparición que se haya motivado por una discusión familiar. Es indispensable que el investigador mencione que todas las personas tienen el derecho a ser buscadas.

La desaparición de personas es una problemática compleja y dolorosa que requiere un enfoque multidisciplinario para abordarla de manera efectiva. El trabajo conjunto de diferentes disciplinas es esencial para la búsqueda de la verdad, la identificación de las víctimas y la construcción de respuestas. En este contexto, los profesionales forenses, como peritos, ministerios públicos y agentes de investigación criminal tienen un papel fundamental.

Finalmente, el abordaje de la desaparición de personas hace obligatorio un enfoque multidisciplinario que involucre a profesionales de distintas áreas: profesionales forenses, psicólogos, antropólogos, etcétera, para lograr avances significativos en la búsqueda de la verdad, la identificación de las víctimas y la atención integral a las familias afectadas. Asimismo, para la persona investigadora la especialización en un área, campo o materia es resultado de dos momentos diferentes. En primer lugar, ocurre la práctica, que se entenderá como la acumulación de experiencia a través del ensayo-error y la toma coherente de decisiones en un abanico de posibilidades. El segundo momento estará compuesto por el interés en trabajos de investigación elaborados por especialistas y su revisión. De manera complementaria, la observación del comportamiento de un fenómeno social, como el delito de desaparición de personas, podrá motivar el interés propio hacia la investigación para lograr la especialización y, en el caso de la entrevista forense, será fundamental el uso de un método que permita mejorar la agudeza de la mente hacia un objetivo.

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