La obra de Alejandro Nava Tovar se erige como punto de partida de una necesaria reflexión acerca del discurso penal contemporáneo, específicamente respecto del vértice en el que ocurre la intersección entre la política criminal y el populismo punitivo provocado por el pánico moral alentado por los medios de comunicación y las redes sociales.

La obra ofrece profundas reflexiones orientadas a formular una crítica de la forma en que las sociedades en general y las comunidades en particular han sido cooptadas por una retórica compleja orientada a la deshumanización del discurso penal para convertirlo en un discurso punitivista.

El primer capítulo de la obra, “El concepto de populismo punitivo. Entre la filosofía política y el derecho penal”, desarrolla el concepto de populismo punitivo, para lo cual el autor presenta una recopilación de cinco concepciones sobre el populismo, a saber, populismo como reacción hostil a la democracia representativa y sus instituciones, populismo como respuesta a una situación de crisis extrema, populismo como ideología carente de un núcleo de valores, populismo como exaltación de un líder y populismo como expresión de la soberanía del pueblo.

Agotado lo anterior, el autor procede a la exposición de la naturaleza específica del populismo punitivo en función de dos tesis que desarrolla a partir del análisis de lo punitivo desde el derecho penal. La primera es la tesis de la exclusión de medidas alternativas a la prisión, es decir, descartar cualquier opción diversa a la pena privativa de la libertad para tratar con la criminalidad. La segunda es la tesis de la desproporcionalidad de las penas, a partir de la cual se busca aumentar cada vez más las condenas de prisión a las personas que delinquen como una media ejemplar que a su vez garantiza legitimidad política para quien las promueve e implementa. Ambas tesis abonan a la identificación de los criminales como enemigos a los cuales no es posible dar tregua en aras de la seguridad. Así, Nava Tovar conceptualiza al populismo punitivo como:

… el discurso político que pretende acabar con la criminalidad y la percepción de impunidad hacia los criminales mediante el aumento de las penas y los delitos que ameriten penas privativas de la libertad, valiéndose de las noticias de los medios de comunicación amarillistas y el rencor de ciertos grupos sociales o de la ciudadanía en general hacia la delincuencia, con el objetivo de obtener dividendos electorales en tiempos electorales o legitimidad en situaciones de crisis social, aun cuando dichas medidas no sean efectivas. (p. 22)

El capítulo segundo se denomina “Populismo punitivo y criminología mediática. La política del pánico”, y en él el autor se explaya en ilustrar el carnaval criminológico del que se nutre el populismo punitivo, el cual se diseña desde las imágenes creadas por los medios de comunicación masiva, particularmente la prensa impresa, la radio y la televisión.

En este capítulo se realiza un ejercicio sociológico en el que Nava Tovar nos explica cómo es que los medios de comunicación logran moldear el imaginario social hasta orientarlo hacia los impulsos punitivistas que exigen mayores y más ejemplares penas para las personas que cometen aquellos delitos que la criminología mediática ha seleccionado cuidadosamente como fundamento de los pánicos morales.

El autor define a la criminología mediática como:

… una criminología paralela a los discursos académicos, la cual, basada en el uso constante de los medios de comunicación, construye selectivamente imágenes distorsionadas y hasta perversas del delincuente, la víctima, los cuerpos policiales, los jueces y los vengadores anónimos, con el fin directo de aumentar el rating de noticias violentas y sembrar una política del rencor en la sociedad civil, permitiéndole así a diversos políticos aprovechar la situación para proponer medidas autoritarias y no darle a los jueces otra medida más que otorgar sanciones privativas de la libertad. (p. 30)

Nava atribuye tres características a la criminología mediática: la primera es la selectividad de los pánicos morales; la segunda, la representación falaz de los hechos y las personas, y, por último, la pretensión de reconfiguración del espacio y tiempo. Estas tres características son utilizadas para mantener una permanente campaña de (des)información orientada a consolidar un escenario de paranoia en la sociedad civil, el cual alienta los ánimos punitivistas.

Acto seguido, el autor realiza la exposición del espectáculo y de los actores que participan en el carnaval criminológico. Nava Tovar dibuja las figuras del delincuente, de la víctima, de la autoridad y del justiciero, quienes asumen roles protagónicos de la puesta en escena de la criminología mediática, que tiene por cometido distorsionar la realidad de una sociedad que requiere de muy poco para consolidar el populismo punitivo.

El tercer capítulo de la obra se intitula “Populismo punitivo y redes sociales. La política del linchamiento”. En él se ofrece un análisis del comportamiento de la sociedad en el espacio virtual de las redes sociales. Partiendo del concepto de sociedad civil desarrollado por Hegel, explica la forma en que la criminología mediática se nutre del encono, la polarización y la ira de las redes sociales, con lo cual se construyen los pánicos morales que habrán de permitir la proliferación de prácticas punitivistas, cuya más diáfana expresión es la política del linchamiento. Todo esto, sobre la base de moralismos que autoritariamente fijan los estándares de una corrección política a la que las personas deben ajustarse so riesgo de ser llevadas al patíbulo de la esfera pública.

Nava Tovar ilustra este escenario social a través del sinóptico punitivo, que consiste en un espacio virtual construido por las redes sociales en donde los observados se vuelven observadores y que es tierra fértil para cultivar el populismo punitivo a partir de dos tesis. La primera es la denominada tesis de la continuación punitivista, que plantea el hecho de que en las redes sociales las noticias amarillistas sobre los crímenes que la sociedad más repudia se repiten continuamente, lo que permite aumentar el pánico y la furia hacia las personas delincuentes. Por otra parte, la tesis de la incorporación de la furia social permite que el espacio virtual se erija como vertedero de la rabia, la furia y el desprecio que nutren la insaciable sed de venganza que solo logra apaciguarse un poco a través de los juicios en las redes sociales, en los cuales, sobra decir, no existen criterios de legalidad o racionalidad que merezcan ser respetados.

Posteriormente, el autor dedica el último acápite a las reflexiones en torno a la figura de los llamados influencers, quienes, aprovechando la proyección que el espacio virtual les otorga, sirven a los fines de la criminología mediática a partir de la difusión de información que en la mayoría de los casos carece de conocimientos especializados, propaga falazmente la furia social y se aprovecha de la adicción emotivista que caracteriza a las redes sociales. Todo lo cual, señala Nava Tovar, ha permitido la consolidación de un apocalipsis cognitivo y punitivo que empuña a la maquinaria del linchamiento social como su más eficaz arma, no obstante la naturaleza falaz de sus argumentos y la irracionalidad de sus exigencias punitivistas.

“Populismo punitivo y política criminal. La política del oportunismo” es el cuarto capítulo del libro, en el que, a partir de conceptos de la dogmática penal y criminológica, el autor expone la relación entre política criminal y legitimidad política, que es una relación de dependencia en la que la primera requiere de la segunda para su instrumentalización.

Posteriormente, a la luz del pensamiento de Gustav Radbruch y siguiendo la propuesta teórica de Pablo Sánchez-Ostiz, Nava Tovar ofrece un método racional para la construcción de una política criminal a partir del establecimiento de axiomas, principios y subprincipios que permiten el aseguramiento tanto de la pretensión de corrección del derecho como de los postulados de la filosofía política liberal.

Lo anterior, como un ejercicio reflexivo indispensable frente a una política criminal que es resultado del oportunismo político de actores que, con tal de obtener dividendos electorales, están dispuestos a llevar a sus máximas posibilidades el poder coactivo del Estado como medida de satisfacción de las exigencias sociales punitivistas provocadas por las tácticas de la criminología mediática y, con ello, consolidar el giro hacia la criminalización y a la conformación de una sociedad punitiva que “… busca resolver los problemas sociales y las acciones humanas incorrectas o ilegales mediante castigos ejemplares, institucionalizados y no institucionalizados” (p. 116).

El capítulo quinto, “Populismo punitivo y derecho penal. La política del encierro”, trata sobre el tránsito de la sociedad punitiva a la sociedad carcelaria, que a juicio de Nava Tovar es la expresión más acabada del populismo punitivo.

En palabras del autor:

La sociedad carcelaria es aquella que, harta por la criminalidad y la percepción mediática de los medios de comunicación, exige medidas privativas de libertad, más agravantes para los delitos y mayores penas para las conductas consideradas lesivas para la sociedad, lo cual llevará a un aumento de la población carcelaria. (p. 119)

Este tipo de sociedad representa un importante factor de presión para los poderes del Estado, particularmente para el Legislativo y el Judicial. No obstante, es el segundo de los mencionados el que mayores problemas tendrá al lidiar con las exigencias de la sociedad carcelaria, ya que el Legislativo, dada su naturaleza política-democrática-representativa y echando mano del oportunismo de sus integrantes, cuenta con elementos retóricos que le permiten eludir su responsabilidad bajo la justificación de haber atendido las demandas sociales. Por lo tanto, las personas juzgadoras son puestas entre la espada y la pared pues, ante las presiones de la sociedad carcelaria, el Legislativo crea ordenamientos cuya aplicación inevitablemente implica sobreponer el principio de seguridad del orden social por encima de los principios de legalidad y dignidad humana.

Como consecuencia de lo anterior, el autor concluye que el populismo punitivo busca la aplicación de dolor a partir de la imposición de penas y castigos ejemplares, entre los que la pena de prisión es la protagonista. Esto, debido a que la evidencia empírica ha demostrado que el encarcelamiento resulta doloroso para las personas en distintos ámbitos de la vida, desde los estragos mentales y psicológicos que provoca hasta la estigmatización que produce el haber pertenecido a la comunidad carcelaria. Igualmente, resulta que en Latinoamérica el encarcelamiento masivo, lejos de atender los problemas que pretende resolver, los acentúa.

Por lo tanto, lo que el autor sugiere es realizar un juicio a la prisión como institución y como concepto orientado al supuesto tratamiento eficaz del fenómeno criminológico, para lo cual resulta necesario cancelar del espacio público alternativo los extremismos punitivistas que exigen más penas, castigos más severos y mayor dolor para las personas delincuentes. Esto, sin abandonar las formas de coerción del sistema penal, pero apostando por la institucionalización de formas más humanas de lidiar con la criminalidad.

El sexto y último capítulo de la obra lleva por título “Coerción y autoridad. Hacia un discurso político-penal racional”, e inicia con el reproche a la criminología crítica por la ausencia de una agenda clara para hacer frente al populismo punitivo que pretende consolidar un Estado autoritario.

Nava Tovar, de la mano de la tesis de la doble dimensión del derecho de Robert Alexy, explica cómo es que el populismo punitivo busca que el derecho penal acentúe la dimensión real del derecho, aquella que encuentra en la coerción su carácter justificatorio, apabullando así la dimensión ideal que reposa en la pretensión de corrección que lo dota de validez moral.

El autor considera que ambas dimensiones tienen tareas pendientes para legitimar al sistema penal y combatir el populismo punitivo, las cuales se orientan a la figura de cada uno de los personajes que participan en el carnaval criminológico.

En cuanto a las personas delincuentes, la tarea es la de combatir su estigmatización como seres peligrosos, incorregibles y enemigos de la sociedad. Por su parte, respecto de las víctimas es indispensable limitar la información amarillista que los medios de comunicación difunden para obtener utilidades económicas, aumentar sus niveles de audiencias y crear pánicos morales, así como fortalecer a las instituciones del Estado encargadas de su asesoramiento, acompañamiento y atención. Acerca de las instituciones policiales, el autor destaca la necesidad de su refundación mediante la capacitación de sus elementos en distintas materias como derechos humanos, derecho constitucional, criminología y comunicación con el fin de reducir la mala percepción que la sociedad civil tiene de dichas corporaciones. Por último, con relación a los justicieros se propone incrementar la efectividad de las instituciones del sistema penal a partir de una lógica de reducción de las penas, en la que la impartición de justicia procure un trato humano a todas las partes involucradas y se fortalezca la comunicación institucional sobre las decisiones que se toman en los casos mediáticos a fin de reducir el descontento de la sociedad civil.

En la conclusión de su obra, Nava Tovar hace una invitación a considerar el derecho penal mínimo como la única opción para hacer frente al populismo punitivo, pues a pesar de su crítica al desbordamiento del sistema penal a través del discurso punitivista, considera que el abolicionismo resulta inviable.

Igualmente, resulta en suma interesante el reconocimiento del espacio virtual de las redes sociales como un nuevo escenario en la dinámica cotidiana de las sociedades contemporáneas, así como los pocos límites que las expresiones encuentran en dicho espacio.

Hay que ser conscientes de que Populismo punitivo. Crítica del discurso penal contemporáneo despertará tanto interés como críticas, pues es una obra que refleja la realidad de nuestras sociedades en un momento histórico en donde, sorprendentemente, el progreso de los derechos y las libertades sigue encontrando obstáculos para su efectiva concreción.