El Derecho penal del enemigo: una tendencia imparable de la política criminal mexicana

Resumen

El cambio que hemos venido experimentando en materia de justicia penal contrasta con el estancamiento, o quizás involución, que caracteriza a nuestro sistema penal. No son pocos los casos que permiten constatar una preocupante expansión de la extralimitación, inclusive es posible establecer que el Derecho penal del enemigo representa una línea político-criminal cada vez más fortalecida en la realidad mexicana. El discurso garantista que, por fortuna, llevó a la unificación legislativa en diversos sectores de persecución penal, ahora más que nunca pone en evidencia la insostenible situación del desorganizado Derecho penal mexicano, pero también la fragilidad de nuestra concepción sobre el Estado de Derecho al momento de afrontar el crónico problema de criminalidad que sufrimos los mexicanos. El exclusivismo en la estrategia de prevención del delito, motivado en buena medida por el pragmatismo y un trillado afán de protagonismo político, nos ha ido alejando de los principios capitales que hemos plasmado en la Constitución general y que, en todo caso, se inspiran en el sentido y alcances del concepto de dignidad humana. De nada sirve optar por la renuncia al Estado de Derecho a través de la arbitrariedad que se recoge en textos legales como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, si tenemos profundas carencias que ni siquiera permiten dar efectivo cumplimiento a estos mecanismos de extrema violencia regulados; empezando por el grave problema de la corrupción que sufre nuestro país.