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  • Nuevo sistema penal Acusatorio
    Vol. 1 Núm. 1 (2017)

    A un año de la implementación del nuevo sistema de justicia penal en México ha surgido, como era de esperarse, preguntas como en qué lugar nos encontramos, ¿Qué tan bien ha funcionado el sistema?, ¿Se han satisfecho las expectativas propuestas en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008’, ‘Es tan fundamentalmente con solidez las críticas al nuevo sistema?

    En una democracia, las respuestas a este tipo de preguntas no pueden ser unívocas ni parte de un nuevo dogma. Más bien, son el inicio de una amplia discusión sobre los retos y obstáculos, logros y fallas del sistema que apenas se ha propuesto en marcha. No sería responsable ofrecer ese tipo de respuestas, pero sí es necesario mostrar diferentes puntos de vista y —por supuesto— exhibir las medias verdades, develar las opiniones sustentadas en un nulo conocimiento del tema y que sólo repiten puntos de vida en redes sociales, en medios masivos de comunicación y de las críticas hechas por demagogos que prefieren acusar al sistema acusatorio de las fallas en sus políticas de seguridad pública.

    En este contexto nace la Revista Mexicana de Ciencias Penales editada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y que toma el lugar de la revista Iter Críminis. Momento preciso, si es que los hay, para el surgimiento de un espacio de diálogo, debate y transmisión del conocimiento relacionado con las ciencias penales.

    Esperamos que la RMCP sea de gran ayuda para el cumplimiento de la noble misión de la procuración de justicia: una herramienta para la policía de investigación, los analistas, peritos, agentes del Ministerio Público y también los lectores en general, que deseen conocer los grandes cuestionamientos sobre el sistema penal.

  • Sistemas Penales en Latinomérica
    Vol. 1 Núm. 2 (2017)

    Otro de nuestros autores, analiza el descongestionamiento de la procuración de justicia a través de las figuras alternativas al juicio y otro más, cuestiona la idoneidad de un garantismo penal que parte de la presunción de inocencia y la igualdad de las partes procesales: acaso ¿la justicia negociada y la disminución del estándar de la prueba incrementará la incidencia delictiva? El autor parte de algunas declaraciones en contra del sistema mexicano para ofrecer respuesta al cuestionamiento.

    Por otro lado, la experiencia de un autor en la construcción y evaluación de la política educativa en las prisiones de Brasil nos demuestra que, para hacer efectivo el derecho al que tienen acceso las personas en internamiento, hace falta más que buena voluntad; dicho derecho debe ser garantizado con pocos recursos económicos, escasa infraestructura y poca organización institucional.

    En el marco de la criminología, también se estudia el fenómeno de las muertes y las desapariciones a cargo del estado como un fenómeno de la violencia y desde el marco de la administración de la justicia se discute el proceso del amparo mexicano en los casos de tortura.

    Finalmente, se concluye con un discurso sobre los 75 años de servicios periciales, en el que se advierte la importancia de la criminalística como ciencia exacta que aporta, valida y fortalece la procuración de justicia.

    Es así como los autores de este número presentan rutas que buscan dar respuesta y luz a los fenómenos que inciden en el marco de las ciencias penales. Ello, desde distintos países y a través de disciplinas teóricas y prácticas, que dan como resultado un panorama general del largo camino que hemos transitado y los obstáculos que los profesionales de las ciencias penales todavía deben afrontar.

  • Delitos Electorales
    Vol. 1 Núm. 3 (2018)

    El proceso electoral de 2018 fue considerado el más importante de la historia reciente de México, no sólo porque será la primera vez que se disputarán 3406 cargos públicos, sino también porque el 30 por ciento del electorado se conforma por jóvenes y porque se llevará a cabo conforme a las nuevas reglas que se derivaron de la reforma político-electoral de 2014.

    Algunos candidatos buscan la reelección, las mujeres cuentan con la garantía de la paridad de género, los mexicanos que residen en el extranjero podrán votar y los partidos políticos y los candidatos tendrán que actuar de acuerdo con las nuevas reglas en materia de fiscalización y rendición de cuentas.

    Lo anterior genera retos para la procuración de justicia electoral. Hoy contamos con una Ley General en Materia de Delitos Electorales que modifica algunos de los tipos penales del Código Penal Federal para conformar elementos objetivos que faciliten la investigación y se crean nuevos tipos penales en materia de fiscalización y rendición de cuentas. Además, las reglas de competencia se modifican porque estamos ante un sistema nacional de elecciones, no federal, lo cual significa que la FEPADE puede tener una mayor participación en los comicios locales cuando el INE ejerce su facultad para organizar las elecciones locales.

    También la paridad de género en la selección de candidatos y candidatas ha generado el fenómeno de la violencia político-electoral por razones de género; en la medida en que se incrementa el número de mujeres que participan en las elecciones, aumenta la violencia que se ejerce contra ellas. Conscientes de la importancia y los retos que se vislumbran en las elecciones, la Revista Mexicana de Ciencias Penales propone este número sobre la procuración de justicia electoral con el objeto de reflexionar sobre los fenómenos delictivos en los comicios.

    En este sentido, el artículo de Jaime Arturo Vázquez Aguilar realiza un recuento histórico sobre el fortalecimiento y la consolidación del actual sistema de justicia electoral, el cual será fundamental para vigilar a la legalidad de las elecciones tanto en el ámbito de la procuración como de la administración de la Justicia. También, la exfiscal de la FEPADE María de los Ángeles Fromow realiza un análisis de los nuevos tipos penales contenidos en la nueva ley a fin de exponer sus elementos objetivos y los ejes fundamentales de su acreditación.

    Guadalupe Valdés Osorio analiza el error de tipo y de prohibición en el marco de penal electoral; refiere los elementos normativos de la valoración jurídica de los delitos electorales y el tratamiento que a estos debe darse escaso de concurrir un error de hecho, de derecho, de tipo o de prohibición. Israel Alvarado Martínez y Nelly Montealegre Díaz analizan los fenómenos de los delitos cibernéticos y cómo estos vulneran el buen desarrollo y ejercicio electoral a través del ataque a los sistemas.

    Blanca Ivonne Olvera Lezama, refiere la relación entre las ciencias penales y el sistema democrático mexicano, así como los procesos de investigación y persecución de los delitos que atentan contra el derecho al libre ejercicio del voto.

    Finalmente, la senadora Diva Gastélum, la magistrada electoral María Guadalupe Silva Rojas y el investigador Bernardino Esparza Martínez, abordan el fenómeno de la violencia político-electoral desde tres visiones distintas. La senadora refiere el proceso y la justificación de la reforma que planteó a principios de 2017 con el objetivo de crear un marco jurídico proteccionista para las mujeres que participan en el ámbito público; la magistrada lleva a cabo un análisis entre la paridad y la imparidad de género en el marco electoral, analiza los principios normativos de igualdad en correlación con las dificultades y los actos de violencia a los que se enfrentan las candidatas. Por su parte, Esparza retoma la reforma promovida por la senadora Gastélum, y hace un análisis normativo de la misma con el objeto de estudiar sus elementos jurídicos. Así, este nuevo número de la RMCP pretende ofrecer respuestas a los retos actuales de la procuración de justicia electoral.

  • Los retos del derecho penal internacional
    Vol. 1 Núm. 4 (2018)

    La segunda mitad del siglo XX se caracterizó por el nacimiento de una nueva sociedad global en la que los Estados se encuentran cada vez más interconectados en diversas materias como son la económica, la social,  la política, la financiera y también, la seguridad.

    Cada vez, se hace más perceptible la interdependencia entre los países y la necesidad de establecer mecanismos que permitan el desarrollo de relaciones internacionales. Ningún país puede actuar de manera aislada y menos aun cuando los fenómenos delictivos trascienden las fronteras.

    Precisamente por tales motivos la Revista Mexicana de Ciencias Penales se encuentra dedicada a reflexionar sobre las tareas pendientes en materia de seguridad y derecho penal internacional. Ello, a fin de ofrecer respuestas a los grandes fenómenos a los que México y el mundo se enfrentan.

    Es así que la presente publicación inicia con un artículo de Kai Ambos, quien ofrece una profunda reflexión sobre la Corte Penal Internacional y su trascendencia para la conformación de procesos relativos a los core crimes.

    Por otro lado, si bien el Protocolo de Estambul es uno de los documentos internacionales más importantes para evaluar la tortura, el psicólogo forense Pablo Gonzalo Ortiz advierte en un artículo, que la acreditación jurídica de un acto de tortura no puede partir únicamente de una evaluación clínica, sino que se requiere de la conformación de principios más especializados que atiendan a distintas líneas científicas de la psicología.

    Atendiendo a la seguridad en las fronteras y la cooperación internacional, el investigador Athanasios Hristoulas ahonda en un tema neurálgico de la agenda política mexicana en materia de relaciones internacionales: la cooperación entre los países de América del Norte en materia de seguridad.

    Desde una visión actual, Hrstoulas atiende a los desafíos en la política de seguridad tras la llegada el presidente Donald Trump. De igual forma, y en relación

    Así mismo, y en torno a los fenómenos de delincuencia y criminalidad en Norte América, Javier Figueroa  y Graciela Polanco Hernández inciden en la criminalización de los migrantes y estudian desde una visión criminología la raíz de las aseveraciones del presidente Trump.

    Karlos Castilla, atiende al fenómeno de los migrantes como grupo vulnerable. Advierte el delito de asesinato de los mismos y la pertinencia de la Corte Penal Internacional en la investigación.

    Desde el marco de la era de desinformación Ulrich Richter observa el fenómeno de las fake news y la posibilidad de acceder a la justicia mexicana cuando se demanda a una empresa trasnacional. A través de la exposición de caso, el abogado narra cómo se demandó a Google Inc.

    Finalmente y a propósito de la propuesta de campaña sobre la Admitía, Javier Dondé analiza la figura jurídica desde el marco internacional y advierte la pertinencia de la misma. 

    Es así como el presente número aborda múltiples fenómenos de violencia, seguridad, política, marginación, vulnerabilidad y acceso a la justicia que se encuentran directa o indirectamente relacionados con la globalización, los marcos jurídicos internacionales y las instituciones.

  • ¿Alcohol sí, marihuana no? Los retos de la regulación
    Vol. 2 Núm. 5 (2018)

    En los últimos años, México ha sido testigo de una modificación trascendental en la política contra el uso y consumo de la marihuana; la reforma a la Ley General de Salud que permite su consumo para fines medicinales y los Amparos en Revisión 1115/2017 y 587/2017 promovidos en favor del consumo lúdico, han fomentado la evaluación de la  política prohibicionista que nuestro país ha seguido desde la primera mitad del siglo XX.


    Adicionalmente, en 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las drogas, reconoció que la estrategia internacional de guerra contra las Drogas fracasó, por lo que resulta necesario replantear un nuevo enfoque que permita afrontar el fenómeno del narcotráfico. 


    Ello, ha derivado en una revaloración del anquilosado debate sobre la posible legalización de la marihuana y la reorientación de la política criminal de combate a las drogas, hacia una política pública centrada en la salud. También, ha generado una naciente agenda legislativa que tendrá que atenderse en las siguientes legislaturas, donde necesariamente se tendrá que plantear la pregunta: ¿qué hacer con la marihuana?  Atentos del fenómeno social, político, económico y delictivo que se circunscribe en el marco del consumo y de la venta del Cannabis sativa, la Revista Mexicana de Ciencias Penales se suma al debate con el objetivo de presentar las aristas que envuelven la compleja realidad que incide en dicho estupefaciente: ¿debemos replantear la política prohibicionista?, ¿se debe legalizar el consumo lúdico de la marihuana? ¿debe concluir la guerra contra el narcotráfico?, ¿cuáles serían los alcances de la legalización?, ¿cuáles son los retos en materia de política criminal relacionados con el narcotráfico? De la mano de los autores, estas y otras preguntas se responden en este quinto número de la revista.  No dejen de leerla 

  • Seguriad y terrorismo
    Vol. 2 Núm. 6 (2018)

    La seguridad interior —como vertiente de la seguridad nacional— es uno de los ejes fundamentales para la consolidación de un Estado de Derecho; garantiza la paz y la gobernanza, además que permite la conformación de un ambiente propicio para el desarrollo de las actividades económicas, políticas y sociales de un país.

    Ésta es el eje fundamental para la actuación en contra del crimen organizado y el terrorismo, dos de los fenómenos delictivos que más desestabilizan el orden de los Estados.

    Es así como el presente número de la Revista Mexicana de Ciencias Penales tiene por objetivo analizar la seguridad interior, como eje central del orden interior de México por un lado y el fenómeno del terrorismo como uno de los problemas que más atentan contra la estabilidad nacional.

    De esta forma, entre los artículos que el presente número recopila se encuentra el

    de ¿Derechos humanos y terrorismo? El cual realiza un acercamiento entre ambos conceptos a través de la relación que existe entre ambos. A lo largo del texto, los autores buscan eliminar la perspectiva tradicional del binomio seguridad- derechos humanos a fin de argumentar que la prevención constituye la mejor medida para atender el fenómeno del terrorismo.

    Por otro lado, el autor Arturo de Villanueva Martínez Zurita analiza el tipo penal del terrorismo desde la perspectiva de la investigación en el sistema acusatorio. En dicho texto, el autor analiza el aspecto sustantivo a fin de determinar cómo es que éste se puede acreditar.

    Martín Alejandro Paz Campos, advierte que el terrorismo, a pesar de ser un fenómeno que parecería ajeno a nuestro país se trata de un fenómeno latente que es importante conocer.

    Desde el ámbito de la seguridad, Eduardo Alberto Herrera Montes y Alberto Herrera Pérez realizan diversas reflexiones en torno a la Ley de Seguridad Interior, ya sea desde su constitucionalidad y legalidad, así como los fenómenos de los derechos humanos y las soberanías locales. Este artículo incide en la actual discusión sobre la pertenencia o no de una ley que regule las acciones de las fuerzas armadas en actividades de seguridad pública con el objeto de garantizar la paz.

    En torno a ello, es importante advertir que uno de los argumentos que justificaron la creación de la Ley de Seguridad Interior fue el bajo desempeño de las policías, que no ha sido capaz de hacer frente a los fenómenos de delincuencia.

    Es así como el artículo “La medición del desempeño de los Programas de seguridad Ciudadana en México” busca profundizar en la capacidad de las instituciones públicas en materia de seguridad ciudadana para aprender y mejorar su actuación.

     

    Alejandra Silva

  • Corrupción. Perspectivas y retos
    Vol. 2 Núm. 7 (2019)

    Uno de los fenómenos que más aquejan a la sociedad mexicana es la corrupción ya que desarticula el ejercicio del Estado como institución encargada de regular y proteger a los ciudadanos. Se trata de una práctica que afecta las distintas esferas sociales, fomenta la impunidad y entorpece (no es lo mismo efectivo ejercicio de la procuración que sólo la procuración) la procuración de justicia. Además, también deteriora el servicio público y debilita las instituciones.

    En términos generales, por corrupción se entiende un mal ejercicio de la función pública, donde un funcionario antepone el interés personal sobre el bien social, actuando en beneficio propio y violando la ley y las obligaciones que se derivan de su cargo o comisión.  

    Se trata de un acto u omisión contrarios al derecho que se realizan con el objetivo de obtener una retribución personal, aun (aún se escribe con acento cuando sustituye la palabra todavía, por lo tanto, sí lleva acento) a costa del (interés) nacional. Pero este fenómeno, por demás complejo, también se desarrolla en la interacción entre autoridades y particulares, lo cual genera una red social y sistémica que no se agota únicamente en la función pública, sino que se va constituyendo como una práctica reiterada que vulnera el país.

    Es por tales motivos que se han realizado esfuerzos para combatirla y es también por ello que la Revista Mexicana de Ciencias Penales contribuye con el tema.

    El presente número, centrado en la corrupción, cuenta con distintos artículos que inciden en el entendimiento de este hecho y en los múltiples mecanismos que se han generado para enfrentarlo.

    Sandro García Rojas advierte la relación que existe entre los actos de corrupción y el lavado de dinero. Para el vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todo capital obtenido ilícitamente estas prácticas se somete a mecanismos de blanqueado para ocultar su origen y dar apariencia de legalidad. De ahí que las acciones de prevención de lavado de dinero constituyan un eje fundamental para combatir el fenómeno desde el marco financiero.

    Por su parte, Ricardo Peralta observa cómo se desarrolla este fenómeno en el flujo de capital en las aduanas y establece algunas alternativas para combatirlo. Eber Betanzos analiza la tipificación penal del cohecho.

    Dedicamos este número a la memoria de Carlos Bonnin Erales, un gran servidor público comprometido con la transparencia y rendición de cuentas.

    Alejandra Silva

  • Desaparición Forzada
    Vol. 2 Núm. 8 (2019)

    México enfrenta un grave problema en materia de desapariciones. Actualmente, se calcula que existen alrededor de 40 mil personas no localizadas, quienes pueden presumirse muertas, sin que ello signifique una certeza.

    Esta situación es síntoma de un grave problema de seguridad y es también el drama de los familiares que viven la ausencia de un ser querido y la incapacidad de acceder a la verdad de los hechos que motivaron la desaparición.

    También es un gran reto para el Estado, quien además de requerir recursos para buscar a las personas no localizadas, debe ser capaz de identificar cuerpos que diariamente se encuentran. Para poner en perspectiva la situación, tan sólo en el primer trimestre del 2019, el gobierno localizó 81 sitios en donde hallaron 222 fosas clandestinas y los gobiernos locales no cuentan con los mecanismos suficientes para identificar a aquellas personas que se presumían desaparecidas.

    Además, los familiares se enfrentan a una constante victimización, inician un proceso de búsqueda y recurren a las instancias gubernamentales quienes no siempre brindan el apoyo requerido.

    La situación no es sencilla, de ahí que el Instituto Nacional de Ciencias Penales en conjunto con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, realizaran un foro con el objetivo de plantear los retos y mecanismos que deben atenderse con respecto al delito de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.

    El presente número de la Revista Mexicana de Ciencias Penales (RMCP) es resultado de lo anterior. En la presente publicación se recogen algunos de los planteamientos presentados por los expertos, quienes nos dan a conocer los avances del Estado Mexicano en la búsqueda de personas; La situación de los familiares y, por supuesto, la historia de desapariciones en nuestro país, tanto en el periodo de la guerra sucia, como en la llamada guerra contra el crimen organizado.

    En este número se buscarán responder preguntas como ¿a qué se debe este fenómeno? ¿Qué relaciones hay con el crimen organizado y la desaparición? ¿Cuál es la distinción entre la desaparición forzada y aquella cometida por particulares?

    Así María de Lourdes Velasco Domínguez analiza dos sentencias de amparo concedidas entre 2015 y 2018 con el objetivo de advertir los cambios en los avances en favor de las víctimas en el marco de las decisiones judiciales. Ello a partir del reconocimiento de la existencia del delito de desaparición forzada.

    Por su parte, Michel Retama Domínguez y María Soledad Rojas advierten la necesidad de reconocer  la desaparición de personas como un tipo de violencia que genera graves efectos en la vida y la salud de los familiares que se transforman en víctimas de la ausencia.

    Javier Yankelevich incide en el fenómeno a través de la creación de una red comunicativa y de apoyo que se construyen los familiares de las víctimas, problematiza la situación del sujeto que carece de información sobre el paradero de una persona y centra su análisis en los fenómenos y efectos de las familias.

    Así, el presente número conforma una perspectiva general de una situación crítica en México. Esto, con el objetivo de plantear problemas sobre el fenómeno y buscar nuevas vías para afrontarlo.

     

  • Pérdida de la libertad
    Vol. 3 Núm. 9 (2019)

    Uno de los grandes retos históricos de México ha sido el adecuado funcionamiento de los centros penitenciarios. La falta de presupuesto, la sobrepoblación carcelaria, las violaciones de derechos humanos y la tortura son algunos de los problemas más recurrentes en las cárceles.

    Entre el ideal de reinserción social, planteado en el artículo 18 de la Constitución, y lo que ocurre en la realidad, existe una brecha que genera la pregunta: ¿realmente contamos con un programa de reinserción social? Lo cierto es que hace falta mucho trabajo para consolidar un sistema que funcione para lograr dos cuestiones: sancionar la comisión de actos delictivos y que el delincuente, al retomar su libertad, pueda reincorporarse, plenamente, a la sociedad. Entonces, ¿qué formas tendrían que plantearse para consolidar un sistema penitenciario nacional más justo, que atienda las necesidades actuales?

    Otro de los grandes cuestionamientos que generan los centros penitenciarios es el de la utilidad de estos. Ya desde el siglo XIX muchos criminólogos han vaticinado la desaparición de la cárcel: el fenómeno es combatir el delito y generar una sociedad más juta. Encerrar a un infractor no previene, solo castiga; ¿acaso ello permitirá disminuir la incidencia? O ¿brindará justicia para la víctima?

    Estas y otras preguntas se plantean los autores del número nueve de la RMCP, la cual integra un prima de estudios sobre el fenómeno carcelario en el país, incluyendo el ganador de sexo Concurso Nacional de Investigaciones Criminológicas organizado por Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS)

    Así, se analizan temas que van desde la condición de indígena internado (como persona altamente vulnerable), hasta los actuales fenómenos del excesivo uso de la prisión preventiva como medida cautela que viola el principio de presunción de inocencia.

    Esperamos que esta edición genere una reflexión en torno este tema.

    Alejandra Silva

  • Ciberdelitos
    Vol. 3 Núm. 10 (2020)

    Con la llegada de la era de la información se modificó determinantemente la relación del ser humano
    con su entorno social. La aparición de las tecnologías informáticas, la televisión, la computación y el internet, así como el desarrollo de las redes sociales, establecieron nuevos paradigmas culturales que no están exentos de verse afectos por una naciente dinámica delictiva. A decir verdad, la llegada de la cultura informática se encuentra aparejada con la estructuración de una nueva actividad criminal: los ciberdelitos.

    Es precisamente por ello que el actual número de la Revista Mexicana de Ciencias Penales (RMCP) incide en el fenómeno informático y su relación con la delincuencia.
    Así, el artículo “Las operaciones con recursos de procedencia ilícita y las fintech”, de Alberto Nava
    Garcés y Juliette Núñez Ruiz, incide en el fenómeno de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el lavado de dinero y la creación de las denominadas fintech, es decir, la fundación de aquellas empresas que brindan servicios financieros (algunos de estos innovadores) a través del uso de tecnologías de la información.

    Por su parte, Alicia Rubí Guerra Valdivia presenta un artículo denominado “La identidad en la era
    digital”, el cual incide en la importancia de generar una adecuada legislación y tratamiento de la tecnología de la información. En términos similares, Bibiana Beatriz Luz Clara refiere que el uso de la
    tecnología ha modificado nuestra sociedad y creado nuevos procesos disruptivos, los cuales requieren de un análisis y regulación desde el espacio jurídico.

    Mario Anselmo Gómez Sánchez analiza un fenómeno que ha cobrado gran importancia en los últimos años y del que se sabe poco: los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos
    personales (arco), su reconocimiento constitucional y la forma en que estos han funcionado en México
    en los 10 años que llevan siendo protegidos. Carlos Ramírez Castañeda, por su parte, advierte la existencia de una ciberguerra que no se está ganando porque no existe una conciencia social de los peligros en la red: la utilización de malware, los ataques a infraestructuras y los vacíos legales.
    Pero este número no solo alude  al internet, a las empresas o a los derechos de información, también
    advierte la incidencia de los videojuegos en la codificación de una estructura social más violenta. ¿Acaso jugar un videojuego puede influir en la conducta de una persona?  Daniel Córdova Herrera investiga la posible respuesta a esta pregunta en su artículo “Videojuegos y delitos: ¿correlación o supersticiones?”

    Así, la RMCP, a través de los autores, busca ofrecer respuestas innovadoras a los fenómenos sociales
    que inciden  en la actividad delictiva actual.
                                                                                                                                                                Alejandra Silva

  • Sexualidad, violencia y poder. Delitos de género
    Vol. 3 Núm. 11 (2020)

    En febrero de 2020, Ingrid Escamilla y Fátima Cecilia, de 25 y 7 años, respectivamente, fueron víctimas de un crimen que menudea en México: el feminicidio. La truculencia de los casos conmocionó a la población, generando protestas cuyos destinatarios fueron la prensa amarillista y los responsables de investigar y sancionar toda forma de violencia contra la mujer; asimismo, un paro nacional de féminas ocurrido el 9 de marzo conllevó consecuencias económicas importantes.

    En el primer trimestre del año hubo casi 250 feminicidios en el país; el hecho de que la pandemia de COVID-19 se haya reconocido el 11 de marzo, convirtiéndose en el foco de la actividad informativa a escala global, no implica soslayar otros temas tan graves como esa plaga que, de un momento a otro, se volvió galopante y alteró la forma de vida de billones de personas. El vigor con que se ha trabajado para lograr la remisión y posterior desaparición del coronavirus deberá prevalecer para combatir con denuedo el tratamiento indigno e incluso letal que padecen millones de mujeres en el mundo.

    La necesidad de permanecer a puerta cerrada para evitar el contagio no redujo muchos riesgos para el injustamente llamado “sexo débil”; numerosos medios han informado sobre la violencia doméstica rampante y los feminicidios perpetrados durante la contingencia. En apariencia, la sevicia es la recompensa del “eterno femenino”, arquetipo que favorece a la misoginia y encasilla a la mujer en un estatus tan inmerecido como impropio. Esta calamidad obedece, sobre todo, a la falta de respeto y a la tibieza institucional en cuanto al logro de la igualdad de género; en el caso de México, el peso del atavismo es considerable y la superación de deficiencias educativas se antoja remota.

    Sería un despropósito negar que se han registrado avances significativos en pro de la igualdad de género; pero tiende a haber problemas conceptuales que propugnan el surgimiento de una ginecocracia confundible con dominación femenina total. En realidad, no se trata de ejecutar acciones que conduzcan a una inversión de posiciones que, sin duda, dejaría incólume a la violencia de género, sino de asegurar la congruencia entre la doctrina de los derechos humanos y su fundamento: la dignidad. Aunque la libertad y la respetabilidad de las mujeres se hayan reconocido de antiguo, la recurrencia de vicios incontables ha generado constructos tendentes a comprender por qué, según parece, han de existir movimientos resueltos a dotar a ese sector de lo que no ha gozado de manera plena.

    Comoquiera que sea, la contribución de cada cual y de las instituciones para eliminar todo tipo de violencia contra la mujer es un deber. En este sentido, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, guía cimera para entender los porqués de la conducta antijurídica y el correspondiente ius puniendi del Estado mexicano, dedica el número 11 de la Revista Mexicana de Ciencias Penales al fenómeno de la violencia de género y, en concreto, al feminicidio, una de las muchas aberraciones que la sociedad debe afrontar y superar, a fin de que en el futuro no haya más generaciones hundidas en la zozobra.

                                                                                                                                             Sergio Alonso Rodríguez