Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho español

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José Luis de la Cuesta Arzamendi

Abstract

The requirement for criminal liability to legal persons, which was finally introduced in Spain in the reform implemented in 2010, raises more than a few controversial issues that should be explained. Based on the crimes carried out by administrators, representatives, and even employees of entities with legal personality, from the separately understood literal wording, some claim that the adopted model is an indirect or attribution system, in sum, a system of hetero-responsibility. However, from the viewpoint of the Constitution and the basic criminal fundamentals, there is no doubt that any criminal responsibility must rest on a deed that is unfair (and guilty)proper, so doctrinal efforts aimed at finding a suitable foundation in this line are fully justified. On their part, the numerus clausus adopted and, most notably, the selection of the criminal types open to the generation of this kind of responsibility do not cease to be very questionable as well as the restriction of the entities which can be held criminally liable. The remarks also criticize the shortcomings and inadequacies of the system of penalties and enforcement rules. Anyhow, the criminal political decision involves full incorporation of Spanish criminal law in the already large group of European states that acknowledge the need for a crime instrument to address corporate crime, for which administrative sanction mechanisms have long proven their inefficiency from multiple standpoints.

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de la Cuesta Arzamendi, J. L. (2013). Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho español. Mexican Criminal Journal, 3(5), 9–34. Retrieved from https://revistaciencias.inacipe.gob.mx/index.php/01/article/view/157
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