Desde hace varios años, en México dolorosamente presenciamos todos los días una escalada, tanto en números como en intensidad, de los delitos violentos. Lamentablemente, hasta el momento nuestro sistema de justicia no ha sido capaz de responder de manera adecuada a esta situación. Todavía es la gran mayoría de los casos la que queda impune; todavía no se han logrado generar los mecanismos necesarios para revertir la opinión negativa que la población en general tiene sobre los procesos de impartición de justicia y para asegurar que las personas denunciantes no serán revictimizadas. Más preocupante aún es el hecho de que siguen saliendo a la luz evidencias de autoridades que, por ineficacia o colusión, entorpecen las investigaciones y perjudican el derecho a la justicia de las personas en situación de víctimas. El caso Ayotzinapa ha quedado como el ejemplo más emblemático de este problema; sin embargo, cada día se suman nuevos ejemplos.

Ante esta situación, en la que el sistema de procuración de justicia carece de la fortaleza requerida para ofrecer justicia y respetar a cabalidad la aplicación del Estado de derecho por medio de la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal, fenómenos como los justicieros anónimos —individuos que, ante la ineficacia del sistema deciden tomar la justicia en sus manos— se tornan cada vez más frecuentes y la impunidad se convierte en la regla. Ejemplo de esto es la enorme cifra de impunidad de los delitos de feminicidio, en los que aproximadamente el 95% de los casos no llegan a sentencia.

En este contexto, en este número nos dimos a la tarea de repensar desde diferentes ángulos la siempre compleja tarea de la procuración de justicia, con el deseo de que estos textos aporten argumentos necesarios para la discusión sobre las más idóneas formas de que las autoridades cumplan su obligación de dar certeza jurídica y proteger y no vulnerar los derechos de la población; tareas necesarias que debe llevar a cabo el Estado con el fin de asegurar que existan el bienestar y la gobernabilidad básicas para mantener un Estado democrático de derecho.