Editorial

En 1989 la comunidad internacional creó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la cual fue un parteaguas para velar por el interés superior de los derechos de niñas, niños y adolescentes; sin embargo, 36 años después, tanto en el ámbito legislativo como en todas las demás relaciones sociales que construyen el papel de las infancias en su comunidad, aún hay continuas interrogantes, propuestas, conflictos y aprendizajes. Por esta razón, la Revista Mexicana de Ciencia Penales dedica su número 25 al tema de adolescentes en conflicto con la ley.

En México, desde luego, gran parte del debate se concentra en el contenido y la implementación de la Ley Nacional del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA), publicada el 16 de junio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación y que todavía representa retos importantes para los sistemas de justicia.

En el artículo “Justicia para adolescentes en México: una perspectiva integral, interdisciplinaria y sistémica”, de Sofía Cobo Téllez, se puede leer no solo la evolución de la legislación hasta llegar a la postulación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (SIJPA), sino también, los retos por venir para que este adopte un enfoque holístico e interdisciplinario que propicie la integración en la sociedad de las y los adolescentes que han entrado en conflicto con la ley.

Por otra parte, el trabajo de Alejandro Vilchis Robles, “Tópicos de armonización entre la justicia penal para adolescentes y el juicio de amparo”, realiza un análisis minucioso de la Ley de Amparo y la LNSIJPA para encontrar algunos vacíos o contradicciones, frente a los cuales propone soluciones, con el fin de armonizarlas.

Edgar Ramírez Valdés, en “Procedimiento abreviado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes”, intenta responder las preguntas: ¿puede la ley otorgar a las personas adolescentes en falta un procedimiento abreviado como salida anticipada?; ¿podrían, para ello, admitir una responsabilidad por un hecho que la ley señala como delito? Con el objetivo de contestar estas interrogantes, el autor desglosa el significado del citado procedimiento y las implicaciones de aplicarlo a las personas adolescentes.

También Gerardo García Silva y Rubén Escobedo Cabello, en “La prevención social en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal”, señalan las similitudes entre el sijpa y el sistema de justicia para personas adultas en cuanto a las etapas procesales, por lo que concluyen que todavía el enfoque integral es insuficiente para que se pueda priorizar la prevención de la violencia y la delincuencia en relación con las y los adolescentes.

Con un enfoque similar, Sergi Cardenal Montraveta examina “El tratamiento de las agresiones sexuales cometidas por menores en la legislación española” y señala cómo en el país ibérico, la ley 5/2000 mandata que se procesen este tipo de delitos como graves cuando los comete una persona menor de edad. El autor concluye que esta clasificación limita o impide ejecutar, como sería deseable, un abordaje preventivo hacia adolescentes que han cometido dichas faltas.

Finalmente, en el artículo “Perspectiva criminológica sobre las adolescentes. Examinando los modelos teóricos de la delincuencia femenina”, Aura Itzel Ruiz Guarneros profundiza en las distintas teorías que han explicado las causas de la delincuencia de mujeres adolescentes. Desde su perspectiva, es importante realizar más investigaciones sobre el tema para intervenir de una forma más efectiva en el contexto en el que se detecta un mayor riesgo de que las niñas y adolescentes entren en conflicto con la ley. También sugiere la criminología feminista como enfoque de gran ayuda para analizar el comportamiento criminal, la justicia penal y el control social desde una perspectiva de género.

Asimismo, el número 25 de esta revista contiene dos investigaciones sustanciales, que invitamos a nuestros lectores a consultar en la sección “Varia”. La primera, “Ordenar en el derecho penal internacional y sus implicaciones para la política criminal”, de Javier Dondé Matute, se relaciona con el derecho penal internacional y, en específico, con la tipificación de la conducta ordenar, que aporta elementos muy importantes para proteger los derechos humanos e investigar, procesar y, de ser necesario, sancionar a quienes son los máximos responsables de crímenes que implican graves violaciones a ellos.

La segunda, “Reflexiones críticas en torno a la Ley de Amnistía”, de Alberto Herrera Pérez y Eduardo Alberto Herrera Montes, ofrece un análisis, artículo por artículo, de la Ley de Amnistía, y resalta su peculiaridad respecto de otras leyes en la materia que se han publicado en México a lo largo de su vida independiente.

Por último, en la sección de Reseñas, en esta ocasión, Gabriela Espejo Pinzón invita a la lectura del libro Sobre la responsabilidad penal por producto defectuoso de Ricardo Gluyas Millán, un escrito actual y pertinente para proteger bienes jurídicos que están en riesgo cuando un artículo o mercancía no funciona de manera correcta o contiene elementos que ponen en riesgo al consumidor o al medio ambiente.

Equipo editorial