México enfrenta un grave problema en materia de desapariciones. Actualmente, se calcula que existen alrededor de 40 mil personas no localizadas, quienes pueden presumirse muertas, sin que ello signifique una certeza.

Esta situación es síntoma de un grave problema de seguridad y es también el drama de los familiares que viven la ausencia de un ser querido y la incapacidad de acceder a la verdad de los hechos que motivaron la desaparición.

También es un gran reto para el Estado, quien además de requerir recursos para buscar a las personas no localizadas, debe ser capaz de identificar cuerpos que diariamente se encuentran. Para poner en perspectiva la situación, tan sólo en el primer trimestre del 2019, el gobierno localizó 81 sitios en donde hallaron 222 fosas clandestinas y los gobiernos locales no cuentan con los mecanismos suficientes para identificar a aquellas personas que se presumían desaparecidas.

Además, los familiares se enfrentan a una constante victimización, inician un proceso de búsqueda y recurren a las instancias gubernamentales quienes no siempre brindan el apoyo requerido.

La situación no es sencilla, de ahí que el Instituto Nacional de Ciencias Penales en conjunto con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, realizaran un foro con el objetivo de plantear los retos y mecanismos que deben atenderse con respecto al delito de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.

El presente número de la Revista Mexicana de Ciencias Penales (RMCP) es resultado de lo anterior. En la presente publicación se recogen algunos de los planteamientos presentados por los expertos, quienes nos dan a conocer los avances del Estado Mexicano en la búsqueda de personas; La situación de los familiares y, por supuesto, la historia de desapariciones en nuestro país, tanto en el periodo de la guerra sucia, como en la llamada guerra contra el crimen organizado.

En este número se buscarán responder preguntas como ¿a qué se debe este fenómeno? ¿Qué relaciones hay con el crimen organizado y la desaparición? ¿Cuál es la distinción entre la desaparición forzada y aquella cometida por particulares?

Así María de Lourdes Velasco Domínguez analiza dos sentencias de amparo concedidas entre 2015 y 2018 con el objetivo de advertir los cambios en los avances en favor de las víctimas en el marco de las decisiones judiciales. Ello a partir del reconocimiento de la existencia del delito de desaparición forzada.

Por su parte, Michel Retama Domínguez y María Soledad Rojas advierten la necesidad de reconocer  la desaparición de personas como un tipo de violencia que genera graves efectos en la vida y la salud de los familiares que se transforman en víctimas de la ausencia.

Javier Yankelevich incide en el fenómeno a través de la creación de una red comunicativa y de apoyo que se construyen los familiares de las víctimas, problematiza la situación del sujeto que carece de información sobre el paradero de una persona y centra su análisis en los fenómenos y efectos de las familias.

Así, el presente número conforma una perspectiva general de una situación crítica en México. Esto, con el objetivo de plantear problemas sobre el fenómeno y buscar nuevas vías para afrontarlo.