Hechos que la ley señala como delitos a partir de la reforma constitucional de 2008
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Abstract
Since 2008 the burden of proving the existence of a criminal offense is transferred to the Public Prosecutor’s Office since, to request an order of appearance, presentation or apprehension it must specify the criminal type that is attributed, the degree of execution of the act, the form of intervention and the willful or culpable nature of the conduct. This transcends the so-called alternative means of conflict resolution, since without proving any crime the ius puniendi is transferred in favor of the victim or offended, who will negotiate with the defendant to repair the damage, eliminating the criminal reproach by the broken rule, in the supposition that one is facing a criminal behavior. This makes the rule of law a market of justice, where supply and demand determine the standards of “justice”, violating the principles of equality and legality.
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