Criminalística y prueba pericial
Vol. 8 No. 24 (2024)

El perito tiene la obligación de mantener al día su información en materia de su especialidad, debiendo consultar para ello las más recientes publicaciones. Mantenerse al día exige, por lo tanto, estudio ininterrumpido. Rafael Moreno González


La criminalística surgió por la necesidad de demostrar que la tortura y la confesión no eran medios que permitieran el esclarecimiento de los hechos en casos legales. Se necesitaba una prueba que se alejara de la subjetividad y de la violación a los derechos humanos, ya que esto solo propiciaba que algunas personas inocentes fueran culpabilizadas, y otras, culpables, fueran absueltas.


Por este contexto de violencia, incertidumbre social y falta de confiabilidad en las pruebas en juicio, se analizó la necesidad de crear una disciplina que permitiera presentar evidencia científica para darle sustento a las resoluciones jurídicas y esclarecer los hechos. Esta fue la criminalística.


Su creación, impulso y socialización a nivel internacional fueron producto de múltiples científicos y peritos, entre ellos Hans Gross, Edmond Locard, Alphonse Bertillon, Juan Vucetich. En México, desde 1904 a la fecha, lo hicieron Carlos Roumagnac, Benjamín Martínez, Alfonso Quiroz Cuarón, L. Rafael Moreno González y Juventino Montiel Sosa, entre otros.


Estos científicos fueron los fundadores de la criminalística internacional y nacional, que atendieron las necesidades de su época y les dieron soluciones que las llevaron a buen cause; sin embargo, en la actualidad, a raíz del sistema penal acusatorio y la creciente revolución tecnocientífica, se tienen nuevos retos que atañen a todas las especialidades periciales. Estos son:



  1. Investigación pericial con perspectiva de género

  2. Investigación pericial con estricto apego a los derechos humanos

  3. Validez científica y fiabilidad metodológica de la evidencia forense

  4. Aplicación de normas ISO en los servicios periciales

  5. Uso de protocolos, manuales y guías especializadas

  6. Importancia de la lex artis ad hoc pericial para la fundamentación del peritaje

  7. Metaperitaje en el procedimiento penal acusatorio

  8. Aplicación de nuevas tecnologías para la investigación de campo, laboratorio y gabinete

  9. Trascendencia de la inteligencia artificial

  10. Criminalística para grupos vulnerables con enfoque diferencial y especializado

  11. Certificación científica del personal pericial

  12. Creación de peritajes inter, multi y transdisciplinarios


Así, a 16 años de la reforma al sistema de justicia penal que integró en la carta magna el procedimiento penal acusatorio, la prueba pericial se encuentra en un proceso de consolidación y constante actualización; esto es lógico si pensamos que es ciencia aplicada a casos de interés forense.


La ciencia forense se renueva, actualiza, moderniza, es dinámica, transitoria y sujeta a revisión constante para mejorarse de acuerdo con las necesidades actuales de la sociedad, o para darle solución a problemas forenses o periciales que surgen de las nuevas modalidades de delincuencia o del uso de tecnologías para cometer actos ilícitos.


En este contexto, es importante recordar que la confesión era considerada la reina de las pruebas, y que, con la creación de la ciencia forense, a la prueba científica se le dio ese mismo calificativo. Sin embargo, es un nombre riesgoso porque en los últimos años, a partir de la introducción del análisis filosófico, la práctica epistemológica y la revisión metodológica de la criminalística y de la ciencia forense, respectivamente, se ha tenido más cuidado en los fines y alcances de la ciencia.


No existe una reina de las pruebas, ninguna lo es. Es el caso y la valoración integral de todos y cada uno de los elementos probatorios lo que permite comprender, solucionar y esclarecer los hechos en el ámbito forense, ministerial y judicial. Bastaría leer los textos clásicos que abordan los límites de la ciencia y su correspondiente alcance para repensar dicho calificativo.


La ciencia tiene límites, debates y aspectos valorativos en el contexto al cual se aplican. No se le puede pedir, exigir o preguntar a la ciencia cuestiones que están fuera de su alcance, dominio o finalidad. En la actualidad la ciencia, especialmente en el campo forense, debe crearse, aplicarse y valorarse con seriedad, profesionalismo y ética.


Los peritos que la aplican tienen esta importante responsabilidad, porque, aunque no es su función señalar la inocencia o culpabilidad de una persona, su influencia implícita o explícita en el procedimiento penal tiene un valor inconmensurable. En esto radica la constante actualización y lectura de artículos científicos que les permitan revisar avances, debates, innovaciones, límites y prospectivas de la ciencia forense.


Por ello, el presente número aborda temas actuales que benefician a los peritos y los operadores del sistema de justicia penal, ya que, a través de la lectura del presente volumen, el lector encontrará desde los fundamentos epistemológicos hasta la práctica forense de la criminalística de campo, en donde convergen temas como el género, la identificación forense de personas, los servicios periciales, los metaperitajes, las bases de datos y la evidencia científica con estándares internacionales.


Así, para el avance de la ciencia forense, la lectura del presente número debe partir de la identificación analítica de la tesis que plantea la persona autora, es decir, ¿qué propone?, ¿cuáles son sus fundamentos teóricos-metodológicos?, ¿qué evidencia sostiene sus afirmaciones?, ¿en qué beneficia su postura teórica?, ¿qué inconsistencia o vulnerabilidad tiene su propuesta?, ¿a qué población va dirigida?, ¿cómo se aplica en el campo práctico?


Invito a la lectura pormenorizada de todo el volumen y a la formulación de antítesis y síntesis que hagan de la ciencia y su socialización uno de los medios que permitan el avance social en el campo específico de la criminalística. Solo así se logrará aportar de manera conjunta beneficios para la justicia, en especial para las víctimas, que desde hace varios años demandan de la ciencia forense la aplicación de las mejores prácticas para resolver los conflictos en que lamentablemente se encuentran inmersas. Construyamos una criminalística mejor para todos y todas.


Dr. Eliseo Lázaro Ruiz


Editor invitado


Otoño del 2024

Las ciencias penales ante la trata de personas
Vol. 7 No. 23 (2024)

En los últimos años la trata de personas se ha convertido en un problema complejo de abordar por las múltiples esferas en las que está inmersa y las formas en las que se manifiesta. Si bien este fenómeno ha estado presente desde tiempos remotos, asentado en condiciones sociales, económicas y culturales, recientemente múltiples factores, como la creciente migración y la pandemia por covid-19, acentuaron el incremento de grupos altamente vulnerables, expuestos a un sinfín de riesgos y a la violación de sus derechos.


Bajo este contexto, se han realizado esfuerzos legislativos a nivel nacional e internacional en el combate a la trata de personas. Se han implementado instrumentos jurídicos en los cuales se exhorta a los Estados a la prevención, atención y sanción de este crimen. En nuestro país, se llevan a cabo acciones dirigidas a brindar protección y asistencia a las víctimas y a coordinar de forma institucional políticas públicas que contribuyan a disminuir este problema.


Fortaleciendo el trabajo que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) realiza una labor de difusión por medio del estudio detallado de las tendencias y dinámicas que presenta este delito en la actualidad, con base en el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género.


En el presente número, titulado “Las ciencias penales ante la trata de personas”, especialistas comparten sus aportaciones, ofreciendo un análisis y diagnóstico que nos invita al entendimiento sobre los avances en la materia y a repensar cómo enfrentar los desafíos ante el panorama expuesto.


En los siguientes artículos se comparte el estudio de las causas de la trata de personas bajo el modelo ecológico de la violencia, la importancia de la investigación financiera en el combate a este delito y de la no criminalización de las víctimas. Asimismo, se realiza un diagnóstico sobre las víctimas directas e indirectas afectadas por esta práctica, se expone cómo actualmente en México son reclutadas para estos fines personas pertenecientes a grupos vulnerables y se ofrece un análisis conceptual sobre la diferencia entre trata de personas y tráfico de migrantes.


A partir de esta breve descripción, se invita al lector a sumergirse en esta nueva edición, que invita a la reflexión ante un problema latente para cuya solución se requiere un abordaje integral, con la colaboración de instituciones en la formulación y mejora de políticas públicas, así como de la población en la concientización sobre el tema.


Gabriela A. Rosales Hernández

Temas actuales en materia jurídico-penal
Vol. 7 No. 22 (2024)

En esta edición se presentan diversos temas de actualidad y de interés en materia jurídico-penal. Se destaca la importancia del abordaje multidisciplinario en el campo del derecho y las ciencias penales.


A partir de la investigación y análisis del contexto actual en temas de seguridad, el delito y la procuración y administración de justicia, diferentes autores comparten sus conocimientos desde su campo de estudio.


En las siguientes páginas el lector podrá encontrar un análisis sobre la dogmática penal alemana, su evolución e influencia en la estructuración de los sistemas penales en los países iberoamericanos.


En temas relacionados con la impartición de justicia, se realiza una reflexión crítica en torno a la corrupción y la asignación de responsabilidad, desde un proceso lo más garantista posible.


Desde el ámbito forense, un equipo de especialistas comparte su propuesta para el resguardo de cuerpos en reducción esquelética, así como la creación de un centro de resguardo, destacando la importancia del trabajo colaborativo para establecer mejores prácticas en este tipo de casos.


Por otro lado, se muestran los aportes del peritaje antropológico, desde una perspectiva interseccional, a la justicia penal para adolescentes, como un mecanismo que contribuya a la mejora de sus condiciones al momento de enfrentar un proceso penal.


En temas de coyuntura actual, se presenta una revisión documental del fentanilo y sus efectos en la salud. Por último, y no menos importante, se aborda, desde las neurociencias, la importancia del estudio de los daños neurobiológicos y psicológicos en mujeres víctimas de violencia, con el fin de que puedan acceder a una justicia legal y efectiva. 


Así, con esta breve introducción, se invita a la lectura del presente número.

Neuroderechos, inteligencia artificial y neurotecnologías para las ciencias penales
Vol. 7 No. 21

Hablar de neuroderechos, inteligencia artificial y neurotecnologías es de gran relevancia, debido a su vertiginoso avance. Su abordaje implica un análisis multidisciplinario. En este número especial se reúnen diferentes especialistas, quienes ofrecen un panorama sobre su uso, contribución e impacto en las ciencias penales.


Si bien el estudio de la inteligencia artificial se remite a décadas atrás, su rápido desarrollo y presencia en diferentes disciplinas es más evidente en la actualidad , en el derecho penal no es la excepción, considerando que es una herramienta que puede contribuir en la prevención, investigación y sanción de conductas típicas que ponen en riesgo bienes jurídicos protegidos.


La neuropsicología es una disciplina científica que tiene como objetivo comprender y entender la relación de los procesos psicológicos, la estructura y función del cerebro. Su aplicación en el ámbito penal puede ser un gran aporte en materia de género, en el análisis de la violencia física contra las mujeres, un problema recurrente y en crecimiento. De ahí la importancia de abordar su utilidad bajo esta perspectiva, como un instrumento eficaz para el diagnóstico y tratamiento de las víctimas del delito, así como en el ámbito forense.


Desde la neurocriminología, se expone la intervención de la inteligencia artificial en el entendimiento del delito y la reincidencia delictiva, la denominada predicción (neuropredicción), así como la importancia de su regulación para evitar la vulneración de derechos (neuroderechos).


Otro de los temas en tendencia, por su rápida expansión y el debate sobre su uso, es la herramienta ChatGPT. En este número se incluye un análisis sobre las ventajas que ofrece este modelo de lenguaje, así como los riesgos de su empleo en la comisión de delitos, específicamente crímenes financieros.


A partir de esta breve exposición, se invita al lector a sumergirse en las siguientes páginas, así como a la reflexión y debate en torno al tema que ocupa esta edición.


 

Retos y perspectivas de la Policía y la seguridad II
Vol. 6 No. 20 (2023)

Entre los retos y perspectivas en materia de seguridad, se encuentra el fortalecimiento de las policías en sus diferentes ámbitos. Dentro de nuestro Estado de derecho, el municipio es la entidad local básica de la organización territorial, y sus fuerzas de seguridad son parte sustantiva en la procuración de justicia.


En esta edición, se presenta un panorama actual de las policías, especialmente las municipales, así como los desafíos que tienen que enfrentar en el ejercicio de sus funciones ante las condiciones actuales. Se aborda la importancia de la coordinación entre la policía municipal y las organizaciones comunitarias, considerando un caso de éxito, dando como resultado de esta sinergia el decremento del índice delictivo.


Uno de los aspectos que no se puede dejar de lado es la capacitación constante, ya que un gran logro por parte del Estado es la implementación del servicio profesional de carrera en los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal, ya que por mandato del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los elementos policiacos cuentan con la certeza de ser capacitados continuamente y se garantiza la permanencia en su encargo, sin dejar de lado,  que dentro de la estructura policial, la salud mental es un aspecto fundamental para su desarrollo personal y profesional.


Es importante que al sistema policial no solo se le dé un enfoque de primer respondiente dentro de sus áreas de competencia, sino que, de manera adicional, se contemplen otras disciplinas para coadyuvar con las tareas de estos, como la inteligencia policial, teniendo como contexto las funciones encomendadas a las instituciones policiales en el marco constitucional y legal en nuestro país. La planeación e implementación debe estar precedida de un estudio técnico que aborde los aspectos legales-normativos, estructurales, presupuestarios y formativos.


 


 


 


 

Avances y retos de la criminología y la victimología (enero-abril)
Vol. 6 No. 19 (2023)

La contribución científica del Instituto Nacional de Ciencias Penales es el aportar trabajos de grandes tratadistas en un espacio de reflexión en cons­tante evolución teórica-práctica por sus investigaciones y contribuciones en el ámbito de la criminología-victimología, contribuir a la formación de nuevas generaciones en espacios críticos y propositivos; esto, con una perspectiva de innovación que se remonta al año 2000 con la creación de la primera maestría en Victimología.


Los avances y retos en las ciencias penales llevan a la criminología y a la victimología a tener una presencia científica importante a nivel mundial, regional y nacional, en donde sus aportaciones, con base en los derechos humanos, la interseccionalidad, la interculturalidad y las perspectivas de género y de infancia y adolescencia, llevan al estudio de diversos temas con énfasis en la prevención de las violencias, los crímenes y los delitos.


Parte de los escenarios que se estudian tienen surgimiento con la pandemia por Covid-19 y sus variantes. Los temas que nos ocupan en esta ocasión permiten reflexionar tanto en los problemas delictivos que ya existían como en los emergentes y en los “Avances y retos de la victimología y criminología” ante esta situación y sus efectos, así como en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Agenda 2030.


La criminología y la victimología se adaptan a los cambios y los avances científicos y tecnológicos, su esencia humanista permite integrarlas en la evolución de la sociedad y su desarrollo histórico es parte de esta adapta­ción, pero ante todo como propuestas que se suman a las ciencias penales como alternativas a implementar en armonía con los derechos humanos.


Este número se enmarca en un año significativo para la victimología en México, porque se cumplen treinta años de la primera reforma para las víctimas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se publicó el 3 de septiembre de 1993 en el Diario Oficial de la Federación.


Esta publicación se suma a la contribución del INACIPE como parte de esta historia que brinda un espacio para generar conocimientos de relevancia y trascendencia para atender los diversos fenómenos sociales, jurídicos, criminológicos y victimológicos que inciden en las ciencias penales en México y el mundo.


Dra. María Teresa Ambrosio Morales


Editora invitada

Retos y perspectivas de la Policía y la seguridad (septiembre-diciembre)
Vol. 5 No. 18 (2022)

Por su importancia en el mantenimiento del Estado de derecho y como una de las tareas principales de los Estados modernos, la seguridad se ha mantenido como uno de los ejes centrales de las políticas públicas en todos los países. Obviando el tema de la seguridad nacional —que representa un ámbito de discusión diferente al que convoca este número— y centrando el análisis en la seguridad pública, cobran especial relevancia las corporaciones policiales, pues sus elementos mantienen una interacción constante con la población y fungen como la primera línea de contacto ante probables situaciones constitutivas de delito.


Debido a la importante tarea que tienen las diferentes instituciones de policía —categorizadas tanto por su especificidad territorial como por las funciones particulares que cumplen— en el mantenimiento de la seguridad ciudadana, es imprescindible que el personal policial transite por profundos procesos de capacitación diseñados para responder a los problemas específicos de su contexto y que aseguren una total comprensión y aplicación de los protocolos de actuación con el objetivo de evitar que quienes debieran ser la solución se conviertan en parte del problema. Esto, sin olvidar que para tener un panorama general de los problemas es necesario comprender que, ante su repetición generalizada, no es posible atribuirlos a errores individuales, sino sistémicos, y que para solucionarlos es necesaria la aplicación de políticas públicas que partan de un análisis profundo de la realidad y se generen con enfoque de derechos humanos.


Sin embargo, a escala internacional son incontables los ejemplos de ejercicios de autoridad por parte de integrantes de las corporaciones policiales en los que, alejándose del ideal que representan las leyes y los protocolos, incurren en acciones que violan los derechos humanos de la ciudadanía o entorpecen el camino del debido proceso; o de políticas públicas que en la práctica significan un retroceso en los derechos conquistados por la ciudadanía. Así, en este número se aborda este complejo tema con el objetivo de abonar, con argumentos y estrategias, a la construcción de un sistema de seguridad pública más eficiente y respetuoso de los derechos.

Procuración de justicia (mayo-agosto)
Vol. 5 No. 17 (2022)

Desde hace varios años, en México dolorosamente presenciamos todos los días una escalada, tanto en números como en intensidad, de los delitos violentos. Lamentablemente, hasta el momento nuestro sistema de justicia no ha sido capaz de responder de manera adecuada a esta situación. Todavía es la gran mayoría de los casos la que queda impune; todavía no se han logrado generar los mecanismos necesarios para revertir la opinión negativa que la población en general tiene sobre los procesos de impartición de justicia y para asegurar que las personas denunciantes no serán revictimizadas. Más preocupante aún es el hecho de que siguen saliendo a la luz evidencias de autoridades que, por ineficacia o colusión, entorpecen las investigaciones y perjudican el derecho a la justicia de las personas en situación de víctimas. El caso Ayotzinapa ha quedado como el ejemplo más emblemático de este problema; sin embargo, cada día se suman nuevos ejemplos.


Ante esta situación, en la que el sistema de procuración de justicia carece de la fortaleza requerida para ofrecer justicia y respetar a cabalidad la aplicación del Estado de derecho por medio de la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal, fenómenos como los justicieros anónimos —individuos que, ante la ineficacia del sistema deciden tomar la justicia en sus manos— se tornan cada vez más frecuentes y la impunidad se convierte en la regla. Ejemplo de esto es la enorme cifra de impunidad de los delitos de feminicidio, en los que aproximadamente el 95% de los casos no llegan a sentencia.


En este contexto, en este número nos dimos a la tarea de repensar desde diferentes ángulos la siempre compleja tarea de la procuración de justicia, con el deseo de que estos textos aporten argumentos necesarios para la discusión sobre las más idóneas formas de que las autoridades cumplan su obligación de dar certeza jurídica y proteger y no vulnerar los derechos de la población; tareas necesarias que debe llevar a cabo el Estado con el fin de asegurar que existan el bienestar y la gobernabilidad básicas para mantener un Estado democrático de derecho.

Justicia transicional
Vol. 5 No. 16 (2022)

La justicia transicional es comprendida como un conjunto de mecanismos y procesos a través de los cuales se busca alcanzar la verdad, la justica, la reparación del daño y la no repetición en relación con periodos de conflicto en los que se presenta violencia sistémica contra la población de un territorio. A lo largo del siglo pasado, fuimos testigos de numerosos eventos violentos cuyas consecuencias hicieron necesaria la aplicación de los principios de la justicia transicional: la segunda guerra mundial, las dictaduras de chile y argentina y el conflicto armado en Guatemala son tan solo algunos ejemplos.


En México, han pasado 15 años desde que el gobierno dio inicio a la llamada “guerra contra el narcotráfico”: un ataque frontal a las estructuras de algunas de las organizaciones criminales más fuertes del país. Lamentablemente, por numerosas causas es posible decir que esta fue una estrategia fallida que provocó una espiral de violencia que todavía padece la mayor parte de la población. En la búsqueda de una política que logre dar solución a esta situación, el actual gobierno anunció diversas acciones encaminadas a otorgar acceso a la verdad, la justica y la reparación del daño para las víctimas de la violencia y a asegurar la no repetición de los crímenes.


En este contexto, se vuelve necesario revisar el concepto de justicia transicional, así como las diferentes acciones y estrategias que han sido aplicadas en otras épocas y regiones después de periodos de conflicto. Así, tenemos la fortuna de contar con colaboraciones que abordan casos concretos de justicia transicional en contextos de conflicto armado, como las acciones y obstáculos posteriores a la firma de los acuerdos de paz en Guatemala y el trabajo realizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Además, se analiza el estado actual de la justicia transicional en México y se desarrollan estrategias y críticas que nos ayudarán a profundizar acerca de su alcance, las buenas prácticas y los obstáculos que se interponen en su consecución. Finalmente, se presentan investigaciones que nos invitan a reflexionar sobre el desarrollo histórico de la relación entre el concepto de justicia y el comportamiento criminal y sobre la importancia de la aplicación del método científico en el esclarecimiento de los hechos.


Para cerrar, agradecemos y reconocemos el apoyo otorgado por Juan Carlos Abreu y Abreu, quien fungió como coordinador y ayudó a la recopilación de los textos de este número.

Grupos vulnerables y retos en la justicia
Vol. 4 No. 15 (2021)

Si bien en general se considera que las personas en situación de vulnerabilidad son aquellas que encuentran dificultades especiales para ejercer ante las instituciones de justicia los derechos que el sistema jurídico les reconoce, la gran diversidad de circunstancias que intervienen en los procesos de vulnerabilización (edad, género, estado físico o mental, o circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales son tan solo algunas de las que mencionan las Reglas de Brasilia) hace que para hablar de los sujetos que se encuentran en esta situación sea necesario analizar las situaciones específicas que los atraviesan y les impiden hacer valer sus derechos ante el sistema de justica.


Es por lo anterior que el objetivo de esta publicación fue, no tratar de abarcar cada una de las circunstancias que pueden llevar a una persona a pasar por una situación de vulnerabilidad, sino englobar también los retos ante los que se enfrenta el sistema de justicia y figuras que podrían estar siendo utilizadas para lograr una procuración de justicia pronta y efectiva, sobre todo ante sujetos que históricamente han visto obstruido el acceso a la justica.


Así, en este número se abordan temas de situaciones específicas de personas en contextos de vulnerabilidad, como el manejo de la agresión con adolescentes en conflicto con la ley, así como el caso de adolescentes indígenas que se encuentran dentro del sistema penal y la posible explotación reproductiva de la mujer a través de la gestación subrogada si no se toman las decisiones legislativas adecuadas.


Además, se incluyen importantes análisis acerca de la procuración de justicia en el caso de la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, así como en ámbitos electrónicos a través del concepto de e-justice —qué es, qué derechos humanos se fortalecen con su aplicación y sus ventajas y desventajas— y sobre las concepciones que intervienen al momento de analizar la vulneración de la autonomía universitaria por cuestiones de seguridad pública. Y, finalmente, se formula una reflexión acerca de las causas y las diferencias entre la agresión y la violencia, que nos puede ayudar a tener una visión más amplia al momento de legislar, y otra acerca de la diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos y de las consecuencias de tomarlos como conceptos sinónimos.


Así, en la RMCP buscamos aportar a la discusión con temas de relevancia actual que nos ayuden a alcanzar una sociedad más justa.


Víctor F. Gálvez García

Ciencias penales e inteligencia artificial
Vol. 4 No. 14 (2021)

Determined to achieve goals that exceed the limits of their strength, humans have created machines that, in addition to performing arduous tasks with greater efficiency than a mortal would achieve, are aimed at imitating the cognitive capacity of their makers as far as possible. This would represent the culmination of artificial intelligence and would shake the social fabric in an unprecedented way. The threat to the legal concept of the person and, of course, to their rights and the means to protect them, would force legal science to reinvent itself to moderate a new reality that, like the current one, would require institutional courage and ethical principles to sustain itself.


In the case of criminal sciences, the evolution of computer systems has facilitated the administration of justice, by perfecting various methods to prevent crime or, where appropriate, apprehend the perpetrator. However, these advances do not always comply with the state obligation to protect human rights; For example, extreme video surveillance in cities and the massive collection of personal data have repercussions on the exercise of the right to privacy and identity, among others, which undermines trust in institutions and polarizes society, putting ideas technophiles in conflict with the desire to protect dignity through legal channels.


If to the above is added the option that the judicial function remains at the mercy of machines, under the pretext that human subjectivity always translates into errors, it is likely that in the future a system of jurisprudential integration "by algorithms" will stand out, which bury once and for all the evolution of ponderative thinking aimed at imparting justice. To a certain extent, scenarios of this nature are still hypothetical, as can be seen from the articles contained in this issue of the Revista Mexicana de Ciencias Penales, dedicated to the impact that artificial intelligence has had and may have on the disciplines that they analyze and intend to control. the criminal phenomenon.


It will be up to the reader, deep down, to ponder the type of values ​​that he would like to keep and nurture for generations to come, and they will hardly ever be appreciated in non-human creatures.


                                                                                                                                        Sergio Alonso Rodriguez


                                                                                         Director of the Mexican Journal of Criminal Sciences

Criminal Justice and Gender
Vol. 4 No. 13 (2021)

On March 8, International Women's Day is celebrated. It is a date that commemorates the struggle of women to increase their participation in society, which goes hand in hand with their full development as people. However, after so long struggling in that regard, the number of achievements they have made is still insufficient. Even when the feminine has become visible in many spheres (political, scientific, artistic, sports, etc.), there are still many obstacles to overcome so that the emancipation of women is full.


Femicide remains one of the main problems in society, especially in Mexico, and it seems that there is no clear strategy to prevent it and, where appropriate, to prosecute it effectively. The news regarding the increase in this crime accumulates day after day, while The competent authorities deal with other issues, instead of designing policies aimed at preventing crimes linked to misogyny and machismo, notions rooted in a country that must free itself from prejudice and achieve absolute equality for its entire population.This issue of the  RMCP contains, for the most part, texts that reveal concern about the disadvantageous position of women in Mexico, despite the progress made in terms of female participation in many fields. In addition to celebrating the exemplary life of Ruth Bader Ginsburg through a portrait, issues such as political gender violence, child feminicide, the reactions caused by the exhibition of images of Ingrid Escamilla's body, the lack of public policies to contain the femicide, etc. The point, perhaps, is to exhibit the disinterest that arouses the development of women who, emulating Ginsburg in some way, struggled for a promising future, and whose progress was interrupted from one moment to another, having been murdered by their gender. In any case, it is necessary to imagine how much society loses if women do not have the protection they deserve and that, without a doubt, the State and the male sector must provide them.

Neurociencia y derecho penal
Vol. 3 No. 12 (2020)

La neurociencia remite a todos los aspectos del sistema nervioso, desde su estructura hasta su patología; su estudio conviene para tener un entendimiento mejor de la conducta y la cognición. En particular, la neurociencia cognitiva se concentra en el efecto de los procesos mentales en cualquier
manifestación conductual. La materia se ha asociado gradualmente a varias disciplinas del saber humano, entre las cuales destaca el derecho. El término neurolaw fue acuñado por J. Sherrod Taylor en 1991 y, desde entonces, ha servido para analizar el papel del desarrollo neurocientífico en los procesos legales y, concretamente, en la criminología.
El neuroderecho ha sido estudiado por numerosos especialistas en las últimas décadas, con el fin de determinar el ascendiente de la actividad puramente cerebral en el proceder que, de darse circunstancias determinadas, se calificaría de delictivo. Sin duda, la operación deficiente del cerebro, en
virtud de factores congénitos o de lesiones, entraña alteraciones en la idiosincrasia y la posible comisión de actos sancionables por la normativa penal. Pese a que esto pueda probarse a través de técnicas sofisticadas, como la resonancia magnética, concluir que toda acción humana está determinada inexorablemente por el cerebro resulta, cuando menos, debatible.
Los artículos reunidos en el número 12 de la Revista Mexicana de Ciencias Penales exploran, desde perspectivas diversas, la génesis y la evolución de la neurociencia como base para la explicación del comportamiento criminoso. Es de notar que hay posturas contrapuestas sobre el tema; por un lado, para un sector de la doctrina es sencillo conformarse con la idea de que la persona carece de libre albedrío y hace lo que su cerebro dispone, a grado tal que se ha pensado en conducir la investigación criminológica y el procedimiento jurisdiccional penal al terreno de la psicofarmacología y la neuropsiquiatría; por otro lado, hay quienes se oponen al determinismo y aseguran que la capacidad de decisión es incompatible con una tiranía
cerebral insuperable.


En realidad, no se trata de determinar si el libre albedrío existe o no, sino de dar al lector elementos para reflexionar en torno a una cuestión especialmente relevante para la vida en sociedad. Tan cierto es que laneurociencia no resuelve aún problemas múltiples, como la percepción o la facultad de soñar, como que el poder personal de elegir tiene implicaciones superiores a lo meramente científico. El derecho, y concretamente el penal, se creó en base a la seguridad de que el ser humano es consciente
y, por tanto, susceptible de responsabilizarse de sus actos. Conceptos como el dolo, la imputabilidad e, incluso, la perversidad, serían ociosos en un sistema hipotético que penara no a los imputados, sino a sus cerebros y neurotransmisores.
Mientras el progreso científico no pierda de vista a la ética y, sobre todo, a la libertad, pilar esta última de los derechos fundamentales, seguirá allanándose el camino a un futuro mejor. No obstante, cabe creer que esa propia libertad puede corromperse hasta el punto de no retorno, y originar estados
de cosas que, tal vez, exigirían acciones que hasta hoy son especulativas. Comoquiera que sea, la divulgación de temas como el neuroderecho, en lo cual el Instituto Nacional de Ciencias Penales ha sido ejemplar, ratifica el compromiso de la academia con el bienestar y la paz sociales.


Instituto Nacional de Ciencias Penales

Sexuality, violence and power. Gender crimes
Vol. 3 No. 11 (2020)

In February 2020, Ingrid Escamilla and Fátima Cecilia, 25 and 7 years old, respectively, were victims of a crime that often breaks out in Mexico: feminicide. The truculence of the cases shocked the population, generating protests whose addressees were the yellow press and those responsible for investigating and punishing all forms of violence against women; In addition, a national female strike occurred on March 9 with significant economic consequences.


In the first quarter of the year there were almost 250 femicides in the country; The fact that the COVID-19 pandemic was recognized on March 11, becoming the focus of information activity on a global scale, does not imply avoiding other issues as serious as that plague that, from one moment to another, became galloping and altered the way of life of billions of people. The vigor with which efforts have been made to achieve remission and subsequent disappearance of the coronavirus must prevail to boldly combat the unworthy and even lethal treatment suffered by millions of women around the world.


The need to remain behind closed doors to avoid contact has not reduced many risks for the unjustly called "weaker sex"; Many media have reported rampant domestic violence and femicides perpetrated during the contingency. In appearance, sevice is the reward of the "eternal feminine", an archetype that favors misogyny and places women in a status as undeserved as it is improper. This calamity is due, above all, to the lack of respect and institutional lukewarmness regarding the achievement of gender equality; in the case of Mexico, the weight of atavism is considerable and overcoming educational deficiencies seems remote.


 


It would be foolish to deny that significant progress has been made towards gender equality; but there tends to be conceptual problems that advocate the emergence of a gynecocracy that can be confused with total female domination. In reality, it is not a matter of executing actions that lead to an inversion of positions that would undoubtedly leave gender violence untouched, but of ensuring consistency between the doctrine of human rights and its foundation: dignity. Although the freedom and respectability of women have long been recognized, the recurrence of countless vices has generated constructs aimed at understanding why, it seems, there must be movements determined to endow this sector with what it has not enjoyed full.


Whatever it is, the contribution of each and the institutions to eliminate all kinds of violence against women is a must. In this sense, the National Institute of Criminal Sciences, a leading guide to understand the reasons for illegal behavior and the corresponding ius puniendi of the Mexican State, dedicates number 11 of the Mexican Journal of Criminal Sciences to the phenomenon of gender violence and, specifically, feminicide, one of the many aberrations that society must face and overcome, so that in the future there will be no more generations sunk in anxiety.


                                                                                                                                           Sergio Alonso Rodríguez


 

Cibercrimen
Vol. 3 No. 10 (2020)

With the arrival of the information age, the relationship of the human being was decisively modified with their social environment. The emergence of computer technologies, television, computing and the internet, as well as the development of social networks, established new cultural paradigms that are not exempt from being affected by a nascent criminal dynamic. To tell the truth, the advent of computer culture is coupled with the structuring of a new criminal activity: cybercrime.


It is precisely for this reason that the current issue of the Mexican Journal of Criminal Sciences (MJCS) affects the computer phenomenon and its relationship with crime.


Thus, the article “Operations with illicit resources and fintech”, by Alberto Nava Garcés and Juliette Núñez Ruiz, affect the phenomenon of criminal liability of legal persons, money laundering and the creation of so-called fintech, that is, the foundation of those companies that provide financial services (some of these innovators) to through the use of information technologies.


For her part, Alicia Rubí Guerra Valdivia presents an article called “Identity in the era digital ”, which affects the importance of generating adequate legislation and treatment of information technology. In similar terms, Bibiana Beatriz Luz Clara refers that the use of the Technology has modified our society and created new disruptive processes, which require analysis and regulation from the legal space.


Mario Anselmo Gómez Sánchez analyzes a phenomenon that has become very important in recent years and of which little is known: the rights of access, rectification, cancellation or opposition of data (Arco), their constitutional recognition and the way in which they have worked in Mexico in the 10 years they have been protected. Carlos Ramírez Castañeda, for his part, warns of the existence of a cyber war that is not being won because there is no social awareness of the dangers on the network: the use of malware, attacks on infrastructure and legal loopholes.


But this number not only refers to the internet, companies or information rights, it also warns of the incidence of video games in the codification of a more violent social structure. Can playing a video game influence a person's behavior? Daniel Córdova Herrera investigates the possible answer to this question in his article "Videogames and crimes: correlation or superstitions?"


Thus, the RMCP, through the authors, seeks to offer innovative responses to social phenomena that affect current criminal activity.


                                                                                                                                                     Alejandra Silva.

Loss of freedom
Vol. 3 No. 9 (2019)

One of the great historical challenges in Mexico has been the proper functioning of penitentiary centers. Lack of budget, prison overcrowding, human rights violations and torture are some of the most recurring problems in prisons.


Between the ideal of social reintegration, stated in article 18 of the Constitution, and what happens in reality, there is a gap that generates the question: do we really have a social reintegration program? The truth is that it takes a lot of work to consolidate a system that works to achieve two issues: sanction the commission of criminal acts and that the criminal, upon regaining his freedom, can fully rejoin society. So what forms would have to be considered to consolidate a fairer national prison system that meets current needs?


Another of the big questions that the penitentiary centers generate is that of their usefulness. Already since the 19th century, many criminologists have predicted the disappearance of prison: the phenomenon is to fight crime and create a fairer society. Locking up an offender does not prevent, it only punishes; Perhaps this will reduce the incidence? Or will it provide justice for the victim?


These and other questions are asked by the authors of number nine of the RMCP, which integrates a cousin of studies on the prison phenomenon in the country, including the winner of the sex National Competition for Criminological Investigations organized by the Decentralized Administrative Body of Prevention and Social Readaptation (OADPRS)


Thus, issues ranging from indigenous boarding school status (as a highly vulnerable person) to current phenomena of excessive use of preventive detention as a precautionary measure that violates the principle of presumption of innocence are analyzed.


We hope that this edition generates a reflection on this topic.


Alejandra Silva

Enforced disappearance
Vol. 2 No. 8 (2019)

Mexico faces a serious problem regarding disappearances. Currently, it is estimated that there are around 40 thousand unlocated people, who can be presumed dead, without this implying certainty.


This situation is a symptom of a serious security problem and is also the drama of the relatives who experience the absence of a loved one and the inability to access the truth of the events that led to the disappearance.


It is also a great challenge for the State, who, in addition to requiring resources to search for unlocated people, must be able to identify bodies that are found daily. To put the situation into perspective, in the first quarter of 2019 alone, the government located 81 sites where they found 222 clandestine graves and local governments do not have sufficient mechanisms to identify those who are presumed missing.


In addition, family members face constant victimization, initiate a search process, and resort to government agencies who do not always provide the required support.


The situation is not simple, hence the National Institute of Criminal Sciences in conjunction with the National Commission for the Search of Persons, held a forum with the aim of raising the challenges and mechanisms that must be addressed with respect to the crime of forced disappearance and disappearance committed by individuals.


This issue of the Mexican Journal of Criminal Sciences (RMCP) is the result of the above. In this publication some of the approaches presented by the experts are collected, who inform us of the progress of the Mexican State in the search for people; The situation of family members and, of course, the history of disappearances in our country, both in the period of the dirty war and in the so-called war against organized crime.


This issue will seek to answer questions such as what is this phenomenon due to? What relationships are there with organized crime and disappearance? What is the distinction between enforced disappearance and that committed by individuals?


Thus, María de Lourdes Velasco Domínguez analyzes two amparo judgments granted between 2015 and 2018 with the aim of noting changes in progress in favor of victims in the framework of judicial decisions. This from the recognition of the existence of the crime of forced disappearance.


For their part, Michel Retama Domínguez and María Soledad Rojas warn of the need to recognize the disappearance of people as a type of violence that generates serious effects on the life and health of family members who become victims of absence.


Javier Yankelevich influences the phenomenon through the creation of a communication and support network that the relatives of the victims build, problematizes the situation of the subject who lacks information about the whereabouts of a person and focuses his analysis on the phenomena and effects of families.


Thus, this issue provides an overview of a critical situation in Mexico. This, with the aim of posing problems about the phenomenon and looking for new ways to deal with it.

Corruption. Challenges and prospects
Vol. 2 No. 7 (2019)

One of the phenomena that most plagues Mexican society is corruption, since it disrupts the exercise of the State as an institution in charge of regulating and protecting citizens. It is a practice that affects the different social spheres, fosters impunity and hinders (the effective exercise of the prosecution is not the same as only the procurement) the procurement of justice. Furthermore, it also deteriorates public service and weakens institutions. In general terms, corruption is understood as a poor exercise of the public function, where an official puts personal interest before the social good, acting for his own benefit and violating the law and the obligations that derive from his position or commission. It is an act or omission contrary to law that is carried out with the aim of obtaining personal compensation, even (it is still written with an accent when it substitutes the word yet, therefore, it does have an accent) at the expense of the national (interest) . But this phenomenon, which is very complex, also develops in the interaction between authorities and individuals, which generates a social and systemic network that is not only exhausted in the public service, but is becoming a repeated practice that violates the country. 


It is for these reasons that efforts have been made to combat it and it is also for this reason that the Mexican Journal of Criminal Sciences contributes to the subject.


This issue, focused on corruption, has different articles that affect the understanding of this fact and the multiple mechanisms that have been generated to deal with it. Sandro García Rojas notes the relationship between acts of corruption and money laundering. For the vice president of the National Banking and Securities Commission, all capital illegally obtained from these practices is subject to money laundering mechanisms to hide their origin and give the appearance of legality. Hence, money laundering prevention actions constitute a fundamental axis to combat the phenomenon from the financial framework. For his part, Ricardo Peralta observes how this phenomenon develops in the flow of capital at customs and establishes some alternatives to combat it. Eber Betanzos analyzes the criminal classification of bribery.


We dedicate this number to the memory of Carlos Bonnin Erales, a great public servant committed to transparency and accountability.


Alejandra Silva

Seguridad y terrorismo
Vol. 2 No. 6 (2018)

Internal security - as a component of national security - is one of the fundamental axes for the consolidation of the rule of law; It guarantees peace and governance, in addition to allowing the creation of an environment conducive to the development of the economic, political and social activities of a country.


This is the fundamental axis for action against organized crime and terrorism, two of the criminal phenomena that most destabilize the order of the States.


Thus, the present issue of the Mexican Journal of Criminal Sciences aims to analyze internal security, as the central axis of Mexico's internal order, on the one hand, and the phenomenon of terrorism as one of the problems that most threaten national stability.


Thus, among the articles that this issue collects is the from Human Rights and Terrorism? Which makes an approach between both concepts through the relationship that exists between them. Throughout the text, the authors seek to eliminate the traditional perspective of the security-human rights binomial in order to argue that prevention constitutes the best measure to address the phenomenon of terrorism.


On the other hand, the author Arturo de Villanueva Martínez Zurita analyzes the criminal type of terrorism from the perspective of the investigation in the accusatory system. In this text, the author analyzes the substantive aspect in order to determine how it can be accredited.


Martín Alejandro Paz Campos, warns that terrorism, despite being a phenomenon that would seem foreign to our country, is a latent phenomenon that is important to know.


From the field of security, Eduardo Alberto Herrera Montes and Alberto Herrera Pérez make various reflections on the Internal Security Law, either from its constitutionality and legality, as well as the phenomena of human rights and local sovereignty. This article affects the current discussion on whether or not a law pertains to regulating the actions of the armed forces in public security activities with the aim of guaranteeing peace.


Regarding this, it is important to note that one of the arguments that justified the creation of the Internal Security Law was the low performance of the police, who have not been able to cope with the phenomena of crime.


Thus, the article "Measuring the performance of Citizen Security Programs in Mexico" seeks to deepen the capacity of public institutions in matters of citizen security to learn and improve their performance.


 

¿Alcohol sí, marihuana no? Los retos de la regulación
Vol. 2 No. 5 (2018)

En los últimos años, México ha sido testigo de una modificación trascendental en la política contra el uso y consumo de la marihuana; la reforma a la Ley General de Salud que permite su consumo para fines medicinales y los Amparos en Revisión 1115/2017 y 587/2017 promovidos en favor del consumo lúdico, han fomentado la evaluación de la  política prohibicionista que nuestro país ha seguido desde la primera mitad del siglo XX.



Adicionalmente, en 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las drogas, reconoció que la estrategia internacional de guerra contra las Drogas fracasó, por lo que resulta necesario replantear un nuevo enfoque que permita afrontar el fenómeno del narcotráfico. 



Ello, ha derivado en una revaloración del anquilosado debate sobre la posible legalización de la marihuana y la reorientación de la política criminal de combate a las drogas, hacia una política pública centrada en la salud. También, ha generado una naciente agenda legislativa que tendrá que atenderse en las siguientes legislaturas, donde necesariamente se tendrá que plantear la pregunta: ¿qué hacer con la marihuana?  Atentos del fenómeno social, político, económico y delictivo que se circunscribe en el marco del consumo y de la venta del Cannabis sativa, la Revista Mexicana de Ciencias Penales se suma al debate con el objetivo de presentar las aristas que envuelven la compleja realidad que incide en dicho estupefaciente: ¿debemos replantear la política prohibicionista?, ¿se debe legalizar el consumo lúdico de la marihuana? ¿debe concluir la guerra contra el narcotráfico?, ¿cuáles serían los alcances de la legalización?, ¿cuáles son los retos en materia de política criminal relacionados con el narcotráfico? De la mano de los autores, estas y otras preguntas se responden en este quinto número de la revista.  No dejen de leerla 

Los retos del derecho penal internacional
Vol. 1 No. 4 (2018)

La segunda mitad del siglo XX se caracterizó por el nacimiento de una nueva sociedad global en la que los Estados se encuentran cada vez más interconectados en diversas materias como son la económica, la social,  la política, la financiera y también, la seguridad.


Cada vez, se hace más perceptible la interdependencia entre los países y la necesidad de establecer mecanismos que permitan el desarrollo de relaciones internacionales. Ningún país puede actuar de manera aislada y menos aun cuando los fenómenos delictivos trascienden las fronteras.


Precisamente por tales motivos la Revista Mexicana de Ciencias Penales se encuentra dedicada a reflexionar sobre las tareas pendientes en materia de seguridad y derecho penal internacional. Ello, a fin de ofrecer respuestas a los grandes fenómenos a los que México y el mundo se enfrentan.


Es así que la presente publicación inicia con un artículo de Kai Ambos, quien ofrece una profunda reflexión sobre la Corte Penal Internacional y su trascendencia para la conformación de procesos relativos a los core crimes.


Por otro lado, si bien el Protocolo de Estambul es uno de los documentos internacionales más importantes para evaluar la tortura, el psicólogo forense Pablo Gonzalo Ortiz advierte en un artículo, que la acreditación jurídica de un acto de tortura no puede partir únicamente de una evaluación clínica, sino que se requiere de la conformación de principios más especializados que atiendan a distintas líneas científicas de la psicología.


Atendiendo a la seguridad en las fronteras y la cooperación internacional, el investigador Athanasios Hristoulas ahonda en un tema neurálgico de la agenda política mexicana en materia de relaciones internacionales: la cooperación entre los países de América del Norte en materia de seguridad.


Desde una visión actual, Hrstoulas atiende a los desafíos en la política de seguridad tras la llegada el presidente Donald Trump. De igual forma, y en relación


Así mismo, y en torno a los fenómenos de delincuencia y criminalidad en Norte América, Javier Figueroa  y Graciela Polanco Hernández inciden en la criminalización de los migrantes y estudian desde una visión criminología la raíz de las aseveraciones del presidente Trump.


Karlos Castilla, atiende al fenómeno de los migrantes como grupo vulnerable. Advierte el delito de asesinato de los mismos y la pertinencia de la Corte Penal Internacional en la investigación.


Desde el marco de la era de desinformación Ulrich Richter observa el fenómeno de las fake news y la posibilidad de acceder a la justicia mexicana cuando se demanda a una empresa trasnacional. A través de la exposición de caso, el abogado narra cómo se demandó a Google Inc.


Finalmente y a propósito de la propuesta de campaña sobre la Admitía, Javier Dondé analiza la figura jurídica desde el marco internacional y advierte la pertinencia de la misma. 


Es así como el presente número aborda múltiples fenómenos de violencia, seguridad, política, marginación, vulnerabilidad y acceso a la justicia que se encuentran directa o indirectamente relacionados con la globalización, los marcos jurídicos internacionales y las instituciones.

Delitos Electorales
Vol. 1 No. 3 (2018)

El proceso electoral de 2018 fue considerado el más importante de la historia reciente de México, no sólo porque será la primera vez que se disputarán 3406 cargos públicos, sino también porque el 30 por ciento del electorado se conforma por jóvenes y porque se llevará a cabo conforme a las nuevas reglas que se derivaron de la reforma político-electoral de 2014.


Algunos candidatos buscan la reelección, las mujeres cuentan con la garantía de la paridad de género, los mexicanos que residen en el extranjero podrán votar y los partidos políticos y los candidatos tendrán que actuar de acuerdo con las nuevas reglas en materia de fiscalización y rendición de cuentas.


Lo anterior genera retos para la procuración de justicia electoral. Hoy contamos con una Ley General en Materia de Delitos Electorales que modifica algunos de los tipos penales del Código Penal Federal para conformar elementos objetivos que faciliten la investigación y se crean nuevos tipos penales en materia de fiscalización y rendición de cuentas. Además, las reglas de competencia se modifican porque estamos ante un sistema nacional de elecciones, no federal, lo cual significa que la FEPADE puede tener una mayor participación en los comicios locales cuando el INE ejerce su facultad para organizar las elecciones locales.


También la paridad de género en la selección de candidatos y candidatas ha generado el fenómeno de la violencia político-electoral por razones de género; en la medida en que se incrementa el número de mujeres que participan en las elecciones, aumenta la violencia que se ejerce contra ellas. Conscientes de la importancia y los retos que se vislumbran en las elecciones, la Revista Mexicana de Ciencias Penales propone este número sobre la procuración de justicia electoral con el objeto de reflexionar sobre los fenómenos delictivos en los comicios.


En este sentido, el artículo de Jaime Arturo Vázquez Aguilar realiza un recuento histórico sobre el fortalecimiento y la consolidación del actual sistema de justicia electoral, el cual será fundamental para vigilar a la legalidad de las elecciones tanto en el ámbito de la procuración como de la administración de la Justicia. También, la exfiscal de la FEPADE María de los Ángeles Fromow realiza un análisis de los nuevos tipos penales contenidos en la nueva ley a fin de exponer sus elementos objetivos y los ejes fundamentales de su acreditación.


Guadalupe Valdés Osorio analiza el error de tipo y de prohibición en el marco de penal electoral; refiere los elementos normativos de la valoración jurídica de los delitos electorales y el tratamiento que a estos debe darse escaso de concurrir un error de hecho, de derecho, de tipo o de prohibición. Israel Alvarado Martínez y Nelly Montealegre Díaz analizan los fenómenos de los delitos cibernéticos y cómo estos vulneran el buen desarrollo y ejercicio electoral a través del ataque a los sistemas.


Blanca Ivonne Olvera Lezama, refiere la relación entre las ciencias penales y el sistema democrático mexicano, así como los procesos de investigación y persecución de los delitos que atentan contra el derecho al libre ejercicio del voto.


Finalmente, la senadora Diva Gastélum, la magistrada electoral María Guadalupe Silva Rojas y el investigador Bernardino Esparza Martínez, abordan el fenómeno de la violencia político-electoral desde tres visiones distintas. La senadora refiere el proceso y la justificación de la reforma que planteó a principios de 2017 con el objetivo de crear un marco jurídico proteccionista para las mujeres que participan en el ámbito público; la magistrada lleva a cabo un análisis entre la paridad y la imparidad de género en el marco electoral, analiza los principios normativos de igualdad en correlación con las dificultades y los actos de violencia a los que se enfrentan las candidatas. Por su parte, Esparza retoma la reforma promovida por la senadora Gastélum, y hace un análisis normativo de la misma con el objeto de estudiar sus elementos jurídicos. Así, este nuevo número de la RMCP pretende ofrecer respuestas a los retos actuales de la procuración de justicia electoral.

Sistemas Penales en Latinomérica
Vol. 1 No. 2 (2017)

Otro de nuestros autores, analiza el descongestionamiento de la procuración de justicia a través de las figuras alternativas al juicio y otro más, cuestiona la idoneidad de un garantismo penal que parte de la presunción de inocencia y la igualdad de las partes procesales: acaso ¿la justicia negociada y la disminución del estándar de la prueba incrementará la incidencia delictiva? El autor parte de algunas declaraciones en contra del sistema mexicano para ofrecer respuesta al cuestionamiento.


Por otro lado, la experiencia de un autor en la construcción y evaluación de la política educativa en las prisiones de Brasil nos demuestra que, para hacer efectivo el derecho al que tienen acceso las personas en internamiento, hace falta más que buena voluntad; dicho derecho debe ser garantizado con pocos recursos económicos, escasa infraestructura y poca organización institucional.


En el marco de la criminología, también se estudia el fenómeno de las muertes y las desapariciones a cargo del estado como un fenómeno de la violencia y desde el marco de la administración de la justicia se discute el proceso del amparo mexicano en los casos de tortura.


Finalmente, se concluye con un discurso sobre los 75 años de servicios periciales, en el que se advierte la importancia de la criminalística como ciencia exacta que aporta, valida y fortalece la procuración de justicia.


Es así como los autores de este número presentan rutas que buscan dar respuesta y luz a los fenómenos que inciden en el marco de las ciencias penales. Ello, desde distintos países y a través de disciplinas teóricas y prácticas, que dan como resultado un panorama general del largo camino que hemos transitado y los obstáculos que los profesionales de las ciencias penales todavía deben afrontar.

Nuevo sistema penal Acusatorio
Vol. 1 No. 1 (2017)

A un año de la implementación del nuevo sistema de justicia penal en México ha surgido, como era de esperarse, preguntas como en qué lugar nos encontramos, ¿Qué tan bien ha funcionado el sistema?, ¿Se han satisfecho las expectativas propuestas en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008’, ‘Es tan fundamentalmente con solidez las críticas al nuevo sistema?


En una democracia, las respuestas a este tipo de preguntas no pueden ser unívocas ni parte de un nuevo dogma. Más bien, son el inicio de una amplia discusión sobre los retos y obstáculos, logros y fallas del sistema que apenas se ha propuesto en marcha. No sería responsable ofrecer ese tipo de respuestas, pero sí es necesario mostrar diferentes puntos de vista y —por supuesto— exhibir las medias verdades, develar las opiniones sustentadas en un nulo conocimiento del tema y que sólo repiten puntos de vida en redes sociales, en medios masivos de comunicación y de las críticas hechas por demagogos que prefieren acusar al sistema acusatorio de las fallas en sus políticas de seguridad pública.


En este contexto nace la Revista Mexicana de Ciencias Penales editada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y que toma el lugar de la revista Iter Críminis. Momento preciso, si es que los hay, para el surgimiento de un espacio de diálogo, debate y transmisión del conocimiento relacionado con las ciencias penales.


Esperamos que la RMCP sea de gran ayuda para el cumplimiento de la noble misión de la procuración de justicia: una herramienta para la policía de investigación, los analistas, peritos, agentes del Ministerio Público y también los lectores en general, que deseen conocer los grandes cuestionamientos sobre el sistema penal.